Al menos 52 víctimas de femicidio tenían medidas de protección
Se trata de un estudio que abarca tres años y refleja la respuesta del sistema de seguridad (policía y justicia) frente a las denuncias.
Entre los años 2017 a 2019, al menos 52 víctimas de femicidio directo y vinculado tenían medidas de protección, que no evitaron su asesinato, de acuerdo a un informe inédito que difundieron las oficinas de la Mujer y de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. Se trata del “Estudio sobre denuncias de violencia de género/doméstica y medidas de protección en víctimas de femicidio”, que se realiza por primera vez, y brinda un panorama general a nivel país con datos más específicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte tiene su sede.
La investigación “busca contribuir al diseño de políticas públicas que faciliten el acceso a justicia, eviten la revictimización y prevengan desenlaces fatales”, se explica en el documento. Y otro objetivo citado fue “evaluar el cumplimiento de la debida diligencia desde el inicio de las denuncias hasta la resolución de las causas judiciales”.
La Oficina de Violencia Doméstica y la Oficina de la Mujer, que están a cargo de la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, tomaron como base el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (Rnfja), único registro oficial sobre femicidios. La investigación llega hasta 2019, ya que aún no se sistematizaron los asesinatos de mujeres en contexto de violencia de género, del año pasado ni de este. “Algunas de las variables incluidas en este estudio ya fueron relevadas oportunamente para la elaboración del Rnfja, pero su baja tasa de respuesta impulsó la necesidad de actualizar y completar dicho relevamiento”, dice el documento.
Este material llega en medio de cuestionamientos a la Justicia y otros poderes estatales por la falta de acciones efectivas que impidan los femicidios. La estadística arroja un promedio de un caso por día en lo que va del 2021. Los recientes crímenes de Úrsula Bahillo (en la localidad bonaerense de Rojas) y de Guadalupe Curual (en la ciudad neuquina de Villa La Angostura) reflejan la crisis del sistema de protección a mujeres en situación de violencia. Ambas habían denunciado a sus agresores.
El informe de la Corte identificó 821 víctimas letales de la violencia de género entre 2017 y 2019. De ese total, 757 fueron víctimas de femicidios directo y 64 de femicidios vinculados, que son los homicidios cometidos contra una o varias personas a fin de causarle sufrimiento a una mujer o porque intentaron protegerla.
Víctimas directas e indirectas
El informe de la Corte Suprema de Justicia señala que entre las víctimas de femicidio directo, 743 eran mujeres y 14 eran mujeres trans/travestis, mientras que las víctimas de femicidio vinculado eran 33 mujeres y 31 varones. Basado en el nuevo estudio identificó que 52 víctimas tenían medidas de protección: 33 por restricción/prohibición de acercamiento del agresor, y 7 sumaron además exclusión del hogar. Y sólo 5 tenían botones antipánico, dispositivos cuestionados por no ser efectivos, ya que requieren de un monitoreo que no está resultando.
“Si se toman los tres años, se registraron en promedio al menos 17 víctimas con medidas de protección vigentes por año entre 2017 y 2019 en Argentina”, resume la investigación.
En promedio, al menos 5 víctimas de femicidio por año contaban con medidas de protección vencidas para el mismo período.
El estudio tiene un apartado sobre la Ciudad de Buenos Aires (Caba), ya que allí se asienta la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte.
En esa jurisdicción, al menos 3 de las 21 víctimas directas de femicidios asesinadas en la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2017 y 2019 habían realizado denuncias previas, dos de ellas tenían medidas de protección y ninguna contaba con patrocinio jurídico.s
Además de los femicidios identificaron 64 crímenes vinculados en los que las víctimas fueron menores u hombres.