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Con los ojos vendados

Tato Romero Feris reclama ante la Justicia federal recuperar sus derechos ciudadanos, de elegir y ser elegido, que por impulso de esas decisiones arbitra­rias correntinas (que fueron condenadas por tribunales internacionales) se le quitó.

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Es variada la descripción que desde la intelec­tualidad y la enseñanza de las ciencias se da al Estado de Derecho. Es por caso la conjunción de conceptos relacionados a la justicia plena, a la imposición de un modo de vida basado en el res­peto de las libertades individuales, la ley y las decisio­nes que desde la Justicia se toman.

Y ese concepto es el que muchas veces se esgrime para definir realidades que ameritan un análisis desde la Justicia. E incluso se toma como referencia a la hora de legislar, más allá de algunos desatinos en nombre del Estado de Derecho. Y es que se trata de la vigencia efectiva de la ley y del funciona­miento real de los mecanismos institucionales, sin apartarse ni torcer lo que marca la norma.

Y fue, precisamente, ese punto el que se dejó de lado en Corrien­tes hace ya 22 años. La designa­ción de jueces especiales, de tri­bunales con acciones especificas para establecer un mecanismo de condena efectiva y de desapari­ción política de un dirigente de­terminado, tiene por estos días una conclusión determinante. 

El estado argentino debió reco­nocer el estropicio de aquel tiempo, como condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que publicó el fallo y abonó un resarcimiento económico. El infundio judicial correntino del ‘99 (y sus fallos ul­teriores) fue rechazado por ese fuero internacional de manera clara.

El caso de Tato Romero Feris marcó así una bisagra en esta materia y sentó bases, determinó una traza y dejó al descubierto una verdadera trama de lawfa­re (concepto que define al ataque contra oponentes políticos utilizando indebidamente los procedimien­tos legales, para dar apariencia de legalidad), mucho antes de las denuncias formuladas por los dirigentes denominados progresistas de Sudamérica, que hoy es moneda corriente de denuncias.

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos allanó el camino, que ahora debe ser con­cluido desde la Justicia federal, y esto es restablecer los derechos electorales del ex gobernador y dos veces intendente de la capital correntina. 

Tato Romero Feris reclama recuperar sus derechos ciudadanos, de elegir y ser elegido, que por impulso de esas decisiones arbitrarias correntinas (que fueron condenadas por tribunales internacionales) se le qui­tó.

Entiende el ex gobernador que, ahora, con esa hoja de ruta, se debe avanzar con ese punto y dejar que sea la ciudada­nía, el soberano, quien defina en las urnas sus cualidades como administrador. Claro está, con un impás de 20 años, con un claro perjuicio a su figura política y de los ciudadanos que lo apoyaron y acompañaron en sus gestiones.

Vale recordar que Tato no per­dió ninguna elección para cargos ejecutivos, todo lo contrario, reci­bió una amplia mayoría de votos, que fueron, sin dudas, las causas de esa práctica de guerra judicial, ahora aclarada y definida desde el exterior.

“Tienen que dejar que la gente, con su voto, me ubi­que donde corresponda”, afirmó el ex gobernador en un extenso reportaje publicado ayer por este diario. Y será esa definición judicial, del fuero federal argenti­no, la que marcará si finalmente se vive en un Estado de Derecho pleno, con la figura de la Justicia con los ojos vendados. 

Esa imagen, que sintetiza la función de este poder del Estado (el judicial), debe ser reivindicada con fa­llos categóricos, alejados de injerencias políticas. Será justicia, como dicen los fallos, cuando la ciudadanía vea que se cumplen las normas para todos, de manera justa.