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Ganancias, un debate pendiente 

El Congreso discutirá cambios en el impuesto a las Ganancias: las pro­vincias podrían perder hasta $34.500 millones en 2021.

editor

Además del proyecto impulsado por el pre­sidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, con la venia del go­bierno del Frente de Todos al cual perte­nece, para subir a $150.000 el piso del impuesto a las Ganancias, hay también otras iniciativas de la oposi­ción sobre el mismo tema, pero que buscan hacer más abarcativo el beneficio y que alcance a los trabajado­res autónomos. Por ejemplo está en curso un proyecto que plantea que los jubilados y pensionados no deben pagar Ganancias, conforme a una resolución dicta­da por la Corte Suprema de Justicia ante un reclamo particular. El asunto es movilizador porque toca el bolsillo de los asalariados y esto seguramente dará lugar a un de­bate intenso en ambas Cámaras aunque el puntapié inicial lo dio Diputados. Todo indica que en el transcurso de marzo se avan­zará con esta discusión, que ha propuesto el oficialismo con la indisimulada intención de resta­blecer un vínculo de mejor rela­ción con la golpeada clase media. Se sabe que la administración del neokirchnerista Alberto Fernán­dez tiene el pensamiento y la ac­ción puestos en lo que llama “los más vulnerables”.

Quizás convenga revisar esa definición de vulnera­bilidad, sobre todo después de la catástrofe económica y social que provocó la combinación de la crisis y la pandemia. 

Pero, sobre todo hay un debate pendiente que vie­ne maniatado desde los tiempos en que gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y tiene que ver con la viabilidad del denominado impuesto a las Ganancias. ¿Corresponde, es justo? El kirchnerismo ha eludido sistemáticamente dar esta discusión y reafirma en el silencio el zarpazo a los bolsillos de los que cobran salarios altos. El afán tributario para mantener un Estado enorme, deforme y dispendioso, conspira con la historia del peronismo y las mejores prácticas del sistema impositivo aplicado a las administraciones eficientes.

Tal vez el Congreso de la Nación debería comenzar por despejar esta controversia y establecer una defini­ción conceptual basada en la razón, antes que en la ur­gencia fiscal, y sobre todo apoyada en el consenso en vez de una mayoría circunstancial. Corregir el piso, sin afianzar la base sobre la que se apoya la exigencia tri­butaria es un parche, un remiendo de ocasión. En este caso con fines electorales, pues busca congraciarse con los sectores medios de la sociedad y en particular quitarle una herramienta de queja al poder sindical.

Hay que tener en cuenta por otra parte que el rédi­to político que podría cosechar el Gobierno nacional será a expensas de un deterioro de la recaudación de las provincias. Es que el pro­yecto de ley que sube el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias traerá un alivio signifi­cativo a una franja de trabajadores que verán incrementado su poder adquisitivo, sin embargo esa me­jora será a costa no sólo del Estado nacional sino principalmente de las provincias, que aportarán el 57% de los recursos resignados. 

Ese costo fiscal se estima entre $23.058 millones y $34.587 millones, según indicó la consultora Aerarium en un reporte en el que, además, detalló cuánto de esas sumas le corresponderá a cada uno de los 24 distritos. El proyecto de ley sube el piso a partir del cual tributarían los contribuyentes de Cuar­ta Categoría (empleados en relación de dependencia y jubilados) a $150.000 brutos mensuales, exceptuando del cálculo las horas extras y el aguinaldo.

Esa elevación del mínimo no imponible “resultaría en un costo fiscal de $40.000 millones”, que, al ser un impuesto coparticipable su disminución afectará en forma proporcional a la Nación, las provincias y los municipios. En definitiva, menos recursos para distri­buir. El Gobierno central lo puede sustituir, pero los demás no.