La mirada en lo importante
El Gobierno se empeña en establecer controles sobre los jueces, mientras el proceso inflacionario sigue su curso.
La inflación es, por lejos, el factor central y más desequilibrante de cualquier ecuación que surja de la agenda pública; desde la economía hasta la política, pasando por lo social está condicionada por la evolución constante (en ocasiones desenfrenada) del costo de vida. En la Casa Rosada, de a ratos se muestran conscientes de esta realidad, pero casi siempre el pensamiento y la acción está puesto en otros objetivos, ahora por ejemplo se han sumergido en un jaleo con la oposición por la creación de una Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación para examinar el comportamiento de la Justicia. Como si no existieran suficientes organismos de control y como si no hubiesen otros problemas más importantes (por caso, la inflación) el gobierno del neokirchnerista Alberto Fernández desenfoca lo urgente y polemiza sobre lo superficial.
Mientras el poder político se enmaraña en confrontaciones insustanciales para el bienestar de la gente, los indicadores siguen dando malas noticias. Las consultoras privadas insisten en que la proyección inflacionaria dará, al ritmo actual, un acumulado de casi 50% al final de este año. Ayer el Indec informó que la industria de la construcción registró en enero un incremento interanual de 23,3%, la tercera suba consecutiva y se encuentra casi 30% por encima de febrero, antes de la pandemia.
El Gobierno reaccionó ante la novedad y señaló por intermedio del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que “se detectaron aumentos desmedidos” en el ámbito de los materiales de la construcción y acordó con las cámaras un monitoreo de los precios. Esto sucedió en el marco de la primera reunión con representantes del rubro.
Por el momento, la iniciativa oficial de sentar a la mesa a dirigentes empresarios y sindicalistas no ha producido más novedades que la foto del encuentro. Los precios, en tanto, siguen su curso. Además en paralelo la administración del profesor Fernández ha puesto en marcha el Consejo Económico y Social cuya agenda está cargada, en teoría, de buenas intenciones. “Si la voluntad política no tuerce la lógica de hacer siempre lo mismo, el Consejo Económico y Social será un fracaso”, advirtió Ezequiel Sabor, ex secretario de Trabajo de la Nación y ex embajador en México, quien escribió un interesante artículo cuyos párrafos centrales se reproducen a continuación:
El intento de los gobiernos de convocar a una mesa de diálogo entre el sector productivo y los trabajadores para unificar criterios de políticas a implementarse termina siendo un fracaso en la vida práctica de los argentinos. Desde la recordada frase del ministro de Economía Juan Carlos Pugliese, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, allá por febrero de 1989, “les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”, todos los partidos políticos a cargo del Poder Ejecutivo han convocado a la mesa de diálogo en situaciones de extrema delicadeza económica y social. Sin embargo, el camino recorrido nos demuestra que las convocatorias sólo se utilizan para evitar conflictos inminentes o constituyen el freno a la escalada de un conflicto latente.
Las convocatorias a la mesa de diálogo no funcionan porque los actores que participan no reconocen que la estructura económica y social de la Argentina ha cambiado. Establecer una mesa de trabajo representativa es prioritario y debería empezar a preguntarse qué hacer con más de 40% de los trabajadores informales o cómo integrar a una economía informal que hoy innegablemente existe.
El diálogo social es la herramienta de trabajo y es indispensable para la construcción de consensos. Pero para que realmente funcione, en primer lugar deberíamos redefinir a los actores que participan. La institucionalización del Consejo Económico Social parece nacer dentro del vicio político del hacer bajo la coyuntura.