Los parches permanentes

Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que depende de la ONU, la Argentina consiguió re­ducir parcialmente el impacto de la pobreza y la indigencia durante el primer año de la pandemia de co­ronavirus. En un reciente informe, el organismo estima que el 38,8% de la población argentina terminó el 2020 en la pobreza y el 8,1% en la indigencia, y aclara que la asistencia estatal logró morigerar el impacto del flagelo social. Menciona como ejemplo las transferencias que se hicieron para socorrer a los hogares durante el encie­rro de la cuarentena, tal el caso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Tarjeta Ali­mentaria. De acuerdo a este análi­sis, la pobreza en el país retrocedió hasta 3 puntos porcentuales desde la última medición y la indigencia (es decir las personas que pasan hambre) bajó al menos 5 puntos y se ubicó en la mitad del indica­dor anterior. Aunque las cifras son muy altas, la estimación de la Cepal es halagüeña sobre todo en la comparación con la última mar­ca oficial conocida.

Al final del primer semestre de 2020, la pobreza alcanzaba en la Argentina al 40,9% de la población y la indigencia lle­gaba al 10,5%, según el relevamiento del Instituto Na­cional de Estadística y Censos (Indec). Estas son las ci­fras oficiales. En la región Nordeste la pobreza se ubicó en 42,8% y en Corrientes era de 41,2% mientras que la indigencia era de 11,8%.

Como las estadísticas oficiales llegan con atraso, has­ta el nuevo informe (que se conocerá en junio y corres­ponderá al segundo semestre de 2020) esta es la marca de la Argentina. Ahora bien, la Cepal tiene datos más frescos y habla de un retroceso.

El organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que la irrupción de la pan­demia encontró a la Argentina en una situación econó­mica vulnerable, en medio de una crisis macroeconó­mica que ya llevaba dos años recesivos, con caídas en el empleo formal e incremento de la informalidad, así como descensos en los ingresos de los hogares, en un contexto de niveles de inflación cercanos al 50% anual. Resaltó que las acciones del Gobierno se orientaron a aumentar los ingresos de las personas que ya se en­contraban incluidas en el sistema de protección social (como jubilados y beneficiarios de planes como la Asig­nación Universal por Hijo u otros programas) y a refor­zar el acceso a alimentos y a la protección sanitaria de la población de asentamientos urbanos más vulnerables. Para garantizar un piso de ingresos para los trabajado­res informales e independientes de ingresos medios y bajos, con fecha 30 de marzo de 2020, diez días después de haberse dispuesto el aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo) en todo el país, para los trabajadores no esenciales de la economía se diseñó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Más de 13,4 millones de personas solici­taron el programa IFE, lo que repre­senta el 48% del total de la pobla­ción de entre 18 y 65 años, y el 67% si se considera sólo a la fuerza de trabajo (ocupados y desocupados). 

Para la Cepal, el diseño y la rápida implementación de este programa ha permitido ampliar el universo de beneficiarios y llegar con una transferencia, además de a los 3,3 millones de personas que ya se encontraban re­gistradas, a casi 5,5 millones de personas en situación de trabajo informal o desocupadas. “El programa visi­biliza la magnitud de los problemas de precariedad que caracterizan al mercado de trabajo y las brechas del sis­tema de protección social. Sólo el 9,3% del total de per­ceptores del IFE había tenido, por al menos un mes, un trabajo en relación de dependencia formal entre febrero de 2019 y el mismo mes de 2020”, dijo el organismo. El hecho es que la pandemia puso de relieve el grave pro­blema del país y que no se ha solucionado, apenas hubo parches para sortear la emergencia.s