Chaco Corrientes SoyNorte Club
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.nortecorrientes.com/a/167096
ESTABLECÍA AGILIDADES PARA LOS TRÁMITES DE EXPULSIÓN

Derogan decreto de Macri que impedía ingreso de extranjeros con antecedentes

El texto de la administración de Cambiemos también invalidaba la en­trada de condenados por tráfico de órganos y personas. 

En marzo de 2018, la Sala V de la Cá­mara Contencioso Administrativo había declarado la “invali­dez constitucional” del decreto de Macri por presentar “ca­racteres regresivos incompatibles con los estándares cons­titucionales y de derechos humanos vigentes”, tras lo cual el gobierno de Cambiemos había recurrido a la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, se creó la Comisión Asesora de Política Migratoria. 

El Gobierno derogó ayer un decreto de la gestión de Mauricio Macri que impe­día el ingreso al país de ex­tranjeros con antecedentes, así como también estable­cía agilidades para los trá­mites de expulsión.

A través del Decreto 138/2021, publicado ayer en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernán­dez dio de baja el Decreto 70/2017, ya que advirtió que desde que entró en vi­gencia esa norma “se agra­vó exponencialmente la litigiosidad en materia mi­gratoria”. La normativa del gobierno de Cambiemos había creado un “procedi­miento migratorio especial sumarísimo” para rechazar el ingreso de personas con antecedentes, como tam­bién expulsar a delincuen­tes extranjeros con mayor agilidad. La gestión de Macri había justificado la decisión al remarcar “la du­ración de los procesos ad­ministrativos y judiciales” y al señalar el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitencia­rio, que en 2016 había al­canzado al 21,3 por ciento de la población carcelaria total.

También se había es­tablecido la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documen­tación falsa u omitieran informar sobre sus ante­cedentes penales; los que cumplieran condena o ten­gan antecedentes -tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de liber­tad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en ac­tividades ilícitas”, al igual que quienes estuvieron in­volucrados en actos de te­rrorismo, crímenes de gue­rra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.

Además, las mismas cau­sas podían ser utilizadas para dar de baja las resi­dencias que se hubieran otorgado “cualquiera fue­se su antigüedad”. A poco más de cuatro años de la entrada en vigencia del de­creto de Macri, Fernández lo derogó al advertir que se habían modificado “as­pectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que re­sultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema interna­cional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho de contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y su­ficiente del Poder Judicial sobre los actos de la autori­dad administrativa, la am­plitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar”.

Referentes de Juntos por el Cambio apuntaron ayer contra el Gobierno por ha­ber derogado el decreto del ex presidente Mauricio Ma­cri y afirmaron que la nueva medida fomenta “la insegu­ridad” y “el crimen organi­zado”. “El Gobierno sigue retrocediendo. Con la dero­gación de este decreto que impulsamos desde el Mi­nisterio del Interior y Mi­graciones en 2017, lo único que hace el Presidente es fa­vorecer el ingreso irregular al país del crimen organiza­do, delincuentes y narcos”, se quejó en Twitter Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior. Por su parte, la ex ministra de Seguridad Pa­tricia Bullrich sostuvo que “el Presidente les manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos”, y consideró: “Al Gobierno no le alcanzó con liberar presos propios y ahora pretende que perso­nas con antecedentes pue­dan entrar libremente a de­linquir en nuestro país”.s

La normativa del Gobier­no anterior creó un “pro­cedimiento migratorio especial sumarísimo”.