Derogan decreto de Macri que impedía ingreso de extranjeros con antecedentes
El texto de la administración de Cambiemos también invalidaba la entrada de condenados por tráfico de órganos y personas.
En marzo de 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo había declarado la “invalidez constitucional” del decreto de Macri por presentar “caracteres regresivos incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes”, tras lo cual el gobierno de Cambiemos había recurrido a la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, se creó la Comisión Asesora de Política Migratoria.
El Gobierno derogó ayer un decreto de la gestión de Mauricio Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes, así como también establecía agilidades para los trámites de expulsión.
A través del Decreto 138/2021, publicado ayer en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández dio de baja el Decreto 70/2017, ya que advirtió que desde que entró en vigencia esa norma “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”. La normativa del gobierno de Cambiemos había creado un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para rechazar el ingreso de personas con antecedentes, como también expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. La gestión de Macri había justificado la decisión al remarcar “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y al señalar el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario, que en 2016 había alcanzado al 21,3 por ciento de la población carcelaria total.
También se había establecido la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplieran condena o tengan antecedentes -tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”, al igual que quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.
Además, las mismas causas podían ser utilizadas para dar de baja las residencias que se hubieran otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”. A poco más de cuatro años de la entrada en vigencia del decreto de Macri, Fernández lo derogó al advertir que se habían modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho de contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del Poder Judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar”.
Referentes de Juntos por el Cambio apuntaron ayer contra el Gobierno por haber derogado el decreto del ex presidente Mauricio Macri y afirmaron que la nueva medida fomenta “la inseguridad” y “el crimen organizado”. “El Gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”, se quejó en Twitter Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior. Por su parte, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich sostuvo que “el Presidente les manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos”, y consideró: “Al Gobierno no le alcanzó con liberar presos propios y ahora pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país”.s
La normativa del Gobierno anterior creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo”.