La lógica de la controversia
La anulación del decreto que frenaba el ingreso de extranjeros con antecedentes delictivos reporta a la grieta y la constante puja sobre el modelo de país. El resultado es el fracaso colectivo.
La derogación, en los últimos días, del Decreto Nº 70/17 firmado por Mauricio Macri y que ponía límites de ingreso al país a los extranjeros con antecedentes penales instaló otro tema de discusión entre el gobierno del Frente de Todos y la oposición, que parecen haber desanudado definitivamente las amarras de las plataformas del entendimiento. Conforme avanza el calendario y se aproxima la competencia electoral, se aleja cualquier atisbo de consenso. Por lo que se vislumbra será una campaña dura, ríspida. Es que cada vez queda más claro que la controversia política inexorablemente desemboca en la grieta. Son dos visiones de la Argentina deseada. Dos modelos en pugna cuyos cultores van dinamitando los puentes del encuentro según la necesidad del momento.
La anulación del decreto de Macri es un eslabón más de esa larga cadena de enfrentamiento que, en definitiva, reporta a un fracaso colectivo. En el jaleo constante de la clase política para definir el destino, los argentinos extravían el rumbo y el país no avanza, permanece estancado porque por períodos se marcha hacia un lado y en el período siguiente se impone una contramarcha. Es lo que acaba de suceder con la medida de restricción migratoria que tomó Macri hace casi cuatro años y que ahora desactivó el presidente Alberto Fernández. Más aún, no está claro que el gobierno del Frente de Todos haya producido un cambio. Las explicaciones al respecto son confusas.
Lo concreto es que el Gobierno anunció la anulación del Decreto Nº 70/17 que frenaba el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y obligaba a expulsar a quienes fueran acusados de cometer delitos en territorio argentino. Según parece esto es inaceptable, no concuerda con los preceptos constitucionales ni los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Tanto es así que en su momento -recuerdan los kirchneristas- organismos internacionales denunciaron a la Argentina y jueces locales fallaron en contra del decreto de marras.
Ante la reacción de la oposición, especialmente del macrismo, las principales espadas de la Casa Rosada salieron a justificar la derogación. Señalaron: “La estigmatización de grupos por su color de piel, religión o nacionalidad es algo muy conocido en la historia y tiene nombre: fascismo”. Hasta donde se sabe el decreto de la polémica no definía un señalamiento de personas por su pigmentación de piel, creencia o procedencia sino por su conducta según el encuadramiento legal del país. Hay una enorme diferencia. No hay reparos en ser negro, colorado o amarillo, y sí hay un reproche concreto a quienes tienen antecedentes criminales. Implica un riesgo.
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), cuya directora es María Florencia Carignano, dijo: “Ante interpretaciones erróneas nos vemos en la obligación de informar que las herramientas para la expulsión de extranjeros que delinquen, como así también las condiciones de ingreso y permanencia en el país de extranjeros, son exactamente idénticas al DNU dictado por el ex presidente Mauricio Macri y la Ley Nacional de Migraciones”.
Carignano sostiene que el Decreto 70 “fue una acción propagandística sin consecuencias reales en la administración de nuestras fronteras, que se basaba en sentimientos xenofóbicos como un acto de propaganda y falsa mano dura contra la delincuencia”. Y refuerza la teoría de la estigmatización de grupos. Si el Decreto y la Ley Nacional definen lo mismo, ¿cuál es la razón de la derogación? Si la medida de Macri fue propaganda, inocua para la producción de cambios reales, ¿qué importancia tiene su anulación?
Hay acciones que solo se entienden desde la lógica de la controversia.