En Diputados arrancó el análisis de la reforma del Impuesto a las Ganancias

La Cámara de Diputados completó ayer su primer plenario de comisiones para tratar la reforma del im­puesto a las Ganancias, que apunta a llevar el mínimo no imponible del tributo a 150.000 pesos brutos y que tendrá un costo fiscal de 41.250 millones de pesos.

Los representantes de Juntos por el Cambio mos­traron predisposición a acompañar el proyecto del oficialismo, aunque condi­cionaron el apoyo a que se introduzcan algunas pro­puestas de la oposición.

Así, plantearon la actua­lización de los nuevos pisos del tributo se rija por el Índi­ce de Precios al Consumidor (IPC) y no por el Indice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajado­res Estables (Ripte), como está estipulado. 

Tras una introducción del titular de Presupuesto, Carlos Heller, quien presi­de el plenario, y también de la titular de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, tomó la palabra Moroni, quien compartió conside­raciones generales sobre los beneficios que trae­rían ambas iniciativas. 

Con respecto al proyecto de Ganancias, Moroni expli­có que la propuesta es “vol­ver a la población histórica que fue sujeto pasivo de este impuesto”, y que equivale a “entre el 8 y el 10% de la población asalariada”, lo­grando una reducción signi­ficativa respecto de los dos millones de personas que actualmente se ven alcanza­das por el tributo.

A su turno, Arias detalló que en el caso de los jubila­dos el mínimo no imponible de Ganancias “se eleva de 6 a 8 haberes mínimos, lo que en la actualidad se traduce en un incremento del piso de 114.210 a 152.280 pesos.

“Con estos dos beneficios o nuevos pisos del impues­to, creemos que 1.260.000 personas dejarán de pagar el impuesto y también se verán beneficiadas las personas que están entre 150.000 y 173.000 pesos”, indicó al ha­cer referencia a la reducción de las cargas para la primera franja de salarios que supe­ran el mínimo no imponible. En este sentido, calculó que “cerca de un millón y medio de personas van a dejar de pagar o van a pagar menos”, lo que para el Estado repre­sentaría, de acuerdo a los cálculos, un costo fiscal de 41.250 millones de pesos.

Por otra parte, el funcio­nario de la cartera que con­duce Martín Guzmán desta­có que producto de las con­versaciones con referentes sindicales se acordó eximir del tributo el sueldo anual complementario (aguinal­do), y que también se fijará la posibilidad de deducir a los concubinos, y se incor­porarán topes para movili­dad y viáticos.

Por último, Arias ratificó que el nuevo régimen de Ganancias será retroactivo al 1 de enero, lo cual habili­tará reintegros en aquellos casos que correspondiere por las deducciones reali­zadas en el primer trimestre del año. Por su parte, Marcó del Pont enfocó su exposi­ción en el proyecto sobre monotributo.

Guzmán aseguró que será “neutro” el impacto fiscal de los cambios

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que será “neutro” el impac­to fiscal de los cambios que impulsa el FdT en el im­puesto a las Ganancias para aliviar a 1,2 millones de trabajadores. “Ese cambio es neutral”, respondió el ministro en una conferen­cia de prensa brindada en Catamarca, horas después de que el presidente Alber­to Fernández terminara de definir el tema con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en una reu­nión en la Quinta de Olivos. 

Fernández y Massa ha­bían desayunado el lunes en la Residencia presidencial para avanzar en la agenda legislativa, que contempla los cambios en Ganancias y la denominada reforma de la Justicia Federal. 

En su conferencia, Guz­mán descartó que la ini­ciativa que Massa impulsa en Diputados para subir el mínimo no imponible del impuesto a 150.000 pesos vaya a complicar más la compleja situación de las cuentas públicas, que este año tendrían un déficit de 4,5 puntos del PBI. “Lo que estamos haciendo es co­rregir un problema que se había generado con el im­puesto a las Ganancias de la persona, tomando una medida que es equitativa porque implica que paguen menos impuestos a las ga­nancias quienes están más abajo en la escala”, dijo Guzmán. s

Según informó el Banco Nación, los bancos públicos nacionales afectados por el concurso de Vicentin respaldaron la propuesta de un grupo de acreedores granarios damnificados por la agroex­portadora, que se elevó en febrero pa­sado a su directorio para evitar el “des­guace” de la compañía, que se plantee una reestructuración de la empresa y se la vuelva a poner en funcionamiento ple­namente.

El proyecto, firmado por unos 60 acreedores, propone conformar una mesa de reestructuración para salva­guardar y relanzar la compañía, tras el default que declaró la empresa hace más de un año, cuando alegó estrés financie­ro y dejó deudas por casi 100.000 millo­nes de pesos. “La única alternativa para volver a poner a Vicentin en marcha es capitalizar gran parte de las acreencias, diseñar planes de pago para aquellos que no deseen capitalizarse con quitas o es­peras, generar acuerdos con acreedores de granos para asegurar el abastecimien­to, como así también con los financieros para el capital de trabajo y separar de las decisiones y la gestión a los actuales di­rectores y accionistas”, señalaron desde el grupo de acreedores.