El apremio de los asalariados

Efecto del proceso inflacionario, el apremio al bolsillo de los asalariados se ha acentuado en los últimos meses y ensancha la brecha entre las distintas capas sociales al medir la distan­cia que se configura desde el poder adquisitivo de los ingresos corrientes. Por ejemplo, según el último in­dicador oficial que se divulgó, una familia tipo nece­sitó en el mes de febrero un ingreso de por lo menos $57.997,48 para hacer frente a los gastos de la Canasta Básica Total (CBT) y no caer en la pobreza. La jubila­ción mínima apenas sobrepasa los 20.000 pesos, lo que significa que más de 4 millones de abuelos que perciben esa suma forman parte del segmento de po­bres en la Argentina. Más aún, de acuerdo al parámetro oficial, la mayoría tendría que ser conside­rado indigente. Otro tanto sucede con los trabajadores que perciben el Salario, Mínimo y Vital y Mó­vil, que hoy está en el orden de los 21.000 pesos. Está claro que por esta vía no hay salida hacia el progreso.

El problema no es (sólo) eco­nómico, sino político. La equidad tan anhelada y promocionada (también prometida) no se podrá alcanzar sin un plan que apunta­le la producción y el trabajo, que genere riqueza, para distribuir. 

La conclusión es sencilla: no se puede distribuir lo que no se tiene. Y Argentina produce cada vez menos, hoy tiene el PBI (Producto Bruto Interno) de la década de los años 70. Está como hace 40 o 50 años cuando tenía la mitad de la población que tiene en la actuali­dad. La aritmética, en ocasiones, es más sencilla de lo que parece. 

Este breve pantallazo explica por qué el país tiene casi la mitad de la población sumida en la pobreza y la indigencia. La mayoría no tiene trabajo genuino (so­brevive con el asistencialismo del Estado) y hasta quie­nes tienen remuneración como compensación laboral, o una jubilación por los años aportados, tampoco pue­den cubrir las necesidades básicas. La lógica indica que para cambiar esta ecuación es indispensable que más gente trabaje y produzca, no lo contrario como su­cede ahora. Por esta última vía ya se sabe el resultado y no hay subsidio ni caridad que amortigüe el golpe.

Ahora bien, un reciente informe del Instituto Na­cional de Estadística y Censos (Indec) señala que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió en febrero un 3,6% respecto de enero, mientras que la CBT avanzó 2,7%, por lo que se ubicó por debajo de la inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado se ubicó en 3,6% y registró una desaceleración respec­to de los dos meses anteriores. Así, acumuló a lo largo del primer bimestre un incremen­to equivalente a 7,8%.

En este escenario, una familia tipo de cuatro integrantes nece­sitó al menos $57.997,48 para no caer en la pobreza y un ingreso mensual de $24.575,20 para no ser considerada indigente. Son los dos parámetros que ordenan la escale­ra social. 

Sucede que el costo de la canas­ta básica casi triplica el monto del salario mínimo de $20.587 y el de un haber básico jubilatorio, que se ubica en $20.571.

En un intento por evitar que más personas caigan en la pobreza y la indigencia y tratar de ofrecer un palia­tivo a quienes están en ese segmento, el gobierno de Alberto Fernández busca alcanzar acuerdos con sec­tores de la producción y el comercio para poner freno al aumento de precios y lograr un acuerdo con los sa­larios. En la administración del FdT suponen (casi in­genuamente) que de esta manera se revertirá la situa­ción, y al mismo tiempo disponen de aumentos en los programas alimentarios, que son parte de una extensa red de subsidios. 

Todo esto sirve como medidas de emergencia, co­yunturales. Así viene la Argentina desde hace tiempo; lo que está faltando es un verdadero plan económico que apuntale el trabajo.