Un regalo a costo de las provincias

Esta semana la Cámara de Diputados de la Na­ción avanzó fuerte en el trámite de la ley que modifica el impuesto a las Ganancias con la aprobación -por unanimidad- del dictamen de comisión, lo que despeja el camino para que el ex­pediente, impulsado por el oficialismo, sea tratado prontamente en el recinto. Se descuenta que, salvo algunos puntos donde hay diferencia, el proyecto no sufrirá obstáculos para recibir la media sanción. La iniciativa, que tiene amplio consenso político, busca elevar el piso mínimo imponible a $150.000 de salario bruto, lo que significará aliviar de la carga tributaria a más de un millón de asalariados. La idea, dicen los voceros parlamentarios del Fren­te de Todos, es circunscribir la obligación impositiva al 12% del total de trabajadores, como fue en un principio. Hoy supera al 20% del universo de empleados. La diferencia es sustancial, no es la única que se establecerá con los cambios promovidos.

Si bien resulta una medida aus­piciosa descomprimir la presión tributaria sobre los trabajadores y liberarlos de un impuesto que tiene un costado perverso por la discriminación que se ha estable­cido en la obligación, hay un hecho que debe ser tenido en cuenta: la caída de ingresos para el fisco. Lo sufrirán las provincias. 

Sucede que el costo fiscal que tendrán los cambios que impulsa el oficialismo en el impuesto a las Ganan­cias para personas humanas significará una reducción de 47.569 millones de pesos, según un estudio de la Ofi­cina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC). El análisis dice que el alivio en el pago del impuesto be­neficiará a unas 1.207.760 personas activas en relación laboral de dependencia y a 99.062 personas del sector pasivo (jubilados), alcanzando así a un universo total de 1.306.822. 

La OPC procedió al cálculo de la estimación del im­puesto determinado para el año 2021 del universo de sujetos beneficiados, con una estimación propia de la evolución promedio de los salarios formales y de las ju­bilaciones durante el año. Ese estudio se hizo con el ob­jetivo de lograr una cuantificación del costo fiscal y la distribución del impacto entre contribuyentes respecto del proyecto de ley del Frente de Todos para el ejercicio fiscal 2021. 

Tanto para el caso de las modificaciones propuestas sobre contribuyentes activos en relación de dependen­cia como para las jubilaciones, se simuló el impuesto determinado en el escenario de “reforma” en compara­ción con el impuesto determinado que se hubiera obte­nido durante 2021 en ausencia de cambios legislativos, para un contribuyente “promedio del tramo” en función de la remu­neración promedio y las cargas de familia del tramo de remuneración bruta para los sujetos. 

El proyecto de ley delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de modificar las deducciones es­peciales incrementales: para el tramo de remuneraciones brutas mayores a $150.000 y menores a $173.000, dejando abierta la po­sibilidad de incrementar el costo fiscal provocado por dicho artículo al momento de la reglamentación. 

De acuerdo con la metodología planteada, la OPC es­tima que el impacto del proyecto se ubicaría en $34.144 millones, cifra que podría verse incrementada hasta $47.569 millones en caso de que el Poder Ejecutivo es­tableciera el mecanismo adelantado por la Afip para suavizar el impacto del impuesto entre los $150.001 y $173.000.

Ahora bien, cómo impactará en la caja: dadas las normas de asignación del impuesto a las Ganancias, en caso de implementación del mecanismo de atenuación presentado por el Poder Ejecutivo, las provincias y Ciu­dad de Buenos Aires verían afectados sus ingresos en $27.850 millones y la Administración Nacional reduci­ría sus ingresos en $18.816 millones.

El regalo de la Nación lo pagarán las provincias.