Avanza el plan de urbanización en  el asentamiento del Pirayuí Nuevo 

Unos 61 asentamientos informales de la ciudad de Corrientes, que se encuen­tran incluidos en el Registro Nacional de Barrios Popu­lares (Renabap), serían be­neficiados a través de una medida del Gobierno de la Nación que establece fon­dos de lo recaudado a tra­vés del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Soli­daria (Pais), que establece un gravamen del 30% en la compra de dólares para ate­soramiento, para las obras de urbanización e infraes­tructura de los predios con­templados en la ley nacional Nº 27.453. Fuentes oficiales estimaron que los fondos para generar mejoras habi­tacionales y urbanas serían de 22 mil millones de pesos.

El Renabap cuenta con unos 4.228 asentamientos informales relevados, de los cuales 61 se ubican en la ca­pital de Corrientes. 

En ese sentido, la Pro­vincia continúa trabajando con programas de regula­rización y urbanización en diferentes asentamientos irregulares de la ciudad, especialmente en los que tienen más de 20 años y pueden ser expropiados o donados. Pero, más allá de este plan que tiene ya más de una década, avanzan también ahora con negocia­ciones en terrenos tomados en ese tiempo.

Sobre esta situación, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Manuel Cuevas, comen­tó: “Estamos acelerando la negociación entre los ocu­pantes de un predio en el Pirayuí y su propietario”. En el mismo sentido, el fun­cionario detalló: “En total son cerca de 2.000 familias, pero en esta etapa se incluye a unas 350 que expresaron su predisposición de pagar”.

De esta manera, la Provin­cia oficia de mediadora para que se concrete el acuerdo y, una vez cerrado, poder avanzar con obras de urba­nización allí, cerca de las 500 Viviendas, donde hace un tiempo hubo una mani­festación pidiendo servicios básicos. 

Al respecto, Cuevas expli­có: “Tenemos que esperar que lleguen a un acuerdo para poder, recién ahí, eje­cutar un plan de obras para instalar cloacas, agua pota­ble y energía eléctrica, en­tre otras cuestiones”.

Una situación también especial se vive en el ba­rrio Santa Margarita. Allí el asentamiento ya cuenta con más de 20 años, por lo que están analizando una expropiación, aunque con una nueva metodología.

“Son unas 50 familias que también expresaron querer pagar el predio, por lo que podemos llegar a expropiar y establecer un sistema de recupero, que abonen al Es­tado y con esos ingresos se pueden ejecutar las obras de infraestructura”, señaló el titular del área de Derechos Humanos de la Provincia. 

Cabe destacar, que el Fon­do de Integración Socio Ur­bana (Fisu) está destinado a financiar la urbanización y la regularización dominial de los más de 4 mil asenta­mientos informales que se encuentran en el Renabap, de la ley Nº 27.453, y me­diante la cual se generó el Programa de Integración Socio Urbana (Pisu).

Sólo en 2020 se destina­ron al Fisu unos $286 millo­nes de los recursos reunidos por el impuesto al “dólar solidario”, para el financia­miento de obras de vivienda social, y unos $620 millones para obras de infraestructu­ra. A su vez, a nivel nacio­nal estimaron que este año los fondos nacionales para desarrollo urbanístico de terrenos informales podría llegar hasta los $22 mil mi­llones.

Ya se ha avanzado en pro­yectos similares en los ba­rrios Quilmes y Virgen de los Dolores.s