Protocolo para familias  en situación de desalojo

El Gobierno asistirá a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento, el próximo 31, de la vigencia del decreto que prorrogaba automáticamente los contratos de los alquileres y prohibía desalojos.
El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó que “esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”.
“Esa mirada de un Estado presente hace que busquemos alternativas”, indicó.
A través de la Resolución 88/2021 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Al respecto, el secretario señaló que se va a trabajar en “un protocolo que permita caracterizar el universo de desalojos posible y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales”.
“El objetivo de este gobierno es poner muchos recursos como no se hizo en los últimos años en Argentina, en la construcción de viviendas con las unidades ejecutoras en las provincias y también a través del Procrear (Programa de Crédito Argentino)”, destacó el funcionario.

EL PROTOCOLO

Para la elaboración del protocolo se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que extendieron los contratos de los alquileres y prohibieron los desalojos.
El Ministerio instruyó a la secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.
El decreto remarcó que a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
“Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto, tener una respuesta con un protocolo con pasos concretos para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional”, señaló el secretario de Desarrollo Territorial, Scatolini.
Explicó que se hará “un relevamiento de sentencias que se podrían llegar a ejecutar con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad”.