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POR FALTA DE MANO DE OBRA

La Came pide compatibilizar planes sociales con empleo rural

La escasez de trabajadores en las economías regionales provocó pér­didas en las cosechas de estación. La entidad pidió una audiencia urgente.

Las economías regionales de la Confederación Argen­tina de la Mediana Empresa (Came) volvieron a manifes­tar su preocupación por la falta de mano de obra en el campo. Si bien a principios de enero de este año la en­tidad había hecho público el reclamo, ahora resaltó que “nadie lo escuchó y algunos productores ya perdieron buena parte de sus cose­chas”. 

Además, solicitó una au­diencia con carácter urgente al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Na­ción, Luis Basterra. “Aún no fue atendida (la solicitud) pese a la gravedad del pro­blema, que atenta contra el normal desempeño de la ac­tividad productiva”, resaltó un vocero. 

Al momento, la falta de trabajadores rurales ocasio­nó que producciones como la de la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomá­ceas, el té y el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja en la productividad, una ele­vación de costos e, inevita­blemente, una disminución de la rentabilidad.

Los pequeños y medianos empresarios agropecuarios aseguran que los planes y programas de asistencia social “desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el blanqueo implica la baja au­tomática de los beneficios”.

“El plan Empalme jamás funcionó, entonces, tras finalizar la relación de de­pendencia, pueden pasar dos o tres meses hasta que vuelven a cobrar la asisten­cia social”, indicó la misma fuente.

Desde las economías re­gionales no cuestionan la ayuda que el Estado brinda a los más necesitados, pero sí coinciden en que no debería ser un escollo para el normal desempeño de la actividad, responsable de garantizar la mesa diaria de los argen­tinos. 

“Los trabajadores nos transmiten su miedo a per­der la ayuda estatal si los registramos, y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros nece­sitamos mano de obra y por eso solicitamos compatibi­lizar los planes y programas sociales con el empleo regis­trado, de forma tal que pue­dan seguir cobrándolos pese a estar en blanco”, aseguró Eduardo Rodríguez, presi­dente de Economías Regio­nales de la Came.

Para que el problema no se agrave ni se replique en otros cultivos, es necesario que el Estado intervenga de mane­ra urgente. “Es paradójico que, por un lado, el Gobierno quiera combatir la evasión y la informalidad; y por el otro nos coloque en esta encruci­jada”, recalcó Rodríguez. Ac­tualmente los productores deben decidir entre perder parte de la cosecha o bien contratar trabajadores en negro, fomentando la indus­tria del juicio y arriesgándo­se a recibir una sanción por empleo no registrado. Sea cual fuere la opción elegida, los riesgos son altos.

Asimismo, la ausencia de registro tiene otro perjuicio para el empleador. Lo que no está declarado no puede deducirse en la liquidación anual del impuesto a las Ga­nancias, por lo que el pro­ductor se ve en la obligación de absorber estos costos, que vulneran aún más su rentabilidad, si decide enca­rar la zafra con trabajadores informales.

Además, resaltó que las producciones regionales emplean a alrededor del 70% de la mano de obra ru­ral, dando trabajo a aproxi­madamente 625.000 tra­bajadores temporarios en época de cosecha. “Un país con hambre y altas tasas de desempleo se da el lujo de desperdiciar alimentos por no contar con la cantidad de personal necesario para levantar la zafra”, remarcó el titular del sector. s