Gas, subsidio y más inequidad

A través de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, el gobierno de Alberto Fernández estableció nuevos precios máxi­mos de referencia para el gas propano y bu­tano y para la venta de gas en garrafas, al tiempo que también incrementó el subsidio para el denominado Programa Hogares, que incluye a las familias que, se cree, son las más humildes del país y ya reciben ayuda económica por distintas vías. En concreto, la medida oficial aumenta el subsidio que cobran más de 2,3 mi­llones de beneficiarios del Plan Hogar, que según la estimación oficial, representan al 60% de los consumi­dores de este producto. El 40% restante de los consu­midores de gas en garrafas están a la intemperie, soportando el em­bate tarifario que fijan a voluntad las distribuidoras y comercializa­doras locales. Esta es una de las tantas inequidades del modelo deforme que el kirchnerismo pre­tende presentar como una acción reparadora de igualdad.

Cuatro de cada diez usuarios de garrafas aguantan estoicamen­te el impacto de los precios. Es el segmento de la sociedad que históricamente se conocía como clase media; es decir trabajadores asalariados, cuentapropistas, hoy monotributistas. En idioma vulgar, los laburantes. 

Un ejemplo, con cifras, permite describir el escenario de inequidad que rige gracias a la intervención e indo­lencia del Estado. Los beneficiarios del Plan Hogar (tal el caso de los que tienen la Asignación Universal por Hijo AUH) reciben en su cuenta bancaria casi el 70% del va­lor de la garrafa, que el Gobierno estableció en $424,43 para la venta al público este mes. No obstante la adecua­ción del precio al público de la garrafa, los beneficiario del plan asistencial continuarán abonando $143 por ga­rrafa, producto del incremento del subsidio lo que re­presenta aproximadamente el 33,7% del valor total.

Esos $143 sale de sus bolsillos, los restantes $281 para llegar a $424 se los deposita la Anses directa­mente en sus cuentas bancarias. ¿Quiénes perciben esta ayuda? Los que tienen AUH, otros planes socia­les, los pensionados. 

Ahora, bien, $424,43 por garrafa es un techo suge­rido, las comercializadoras cobran más que eso pues imponen un recargo por el acarreo hasta el domici­lio del cliente. En Corrientes, la garrafa de 10 kilos se vende -con envío a domicilio- a $680. Es decir casi un 50% más que el tope que fijó el Estado.

¿Quiénes pagan esta suma? Las familias que no es­tán dentro del universo de los planes sociales y no re­ciben subsidio. 

Es verdad que en el mostrador de las comerciali­zadoras cualquier cliente podría comprar una garrafa de 10 kilos al precio sugerido por el Gobierno nacional, es decir a $424,43, pero eso supone contar con una movi­lidad que en tal caso implica un gasto extra. Es lo que aducen las distribuidoras para justificar el re­cargo que le aplican al precio por acarrear el producto hasta los do­micilios. Algo de razón tienen. El problema es el desfasaje entre el esquema teórico diseñado por las autoridades y la realidad práctica.

De hecho todo el sistema está descalabrado porque se funda sobre supuestos que no son tales. Por ejemplo el beneficiario del Plan Ho­gar, que recibe un subsidio de casi el 70% del valor del producto, también se enfrenta al mismo rigor co­mercial que sufren las familias que no cobran subsi­dio: para comprar una garrafa a $424,43 se la tienen que poner al hombro y llevarla hasta el mostrador de la distribuidora, caso contrario le sale $680. Y adiós subsidio.

Mayor padecimiento tienen aquellas familias que usan gas en garrafa y no tienen ayuda del Estado. Esa gente está a merced del mercado. Nadie vela por ellos, solo dependen de la capacidad de su bolsillo. Asime­tría absoluta, patrocinada por la visión miope de los gobernantes.