Estampida de casos, crece la fricción política y la Corte tendrá que intervenir
El jefe de gobierno porteño interpuso una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial.
El presidente Alberto Fernández recibió ayer en Olivos al gobernante porteño Horacio Rodríguez Larreta, el encuentro no dio resultado pues siguen en desacuerdo sobre el dictado de clases presenciales, un diferendo que tendrá que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antes de ir a la Quinta Presidencial el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una acción de amparo, en horas de la tarde la procuradora de la Corte le dio aprobación para que los “supremos” traten el pedido. La resolución tendría que se expeditiva (entre hoy o mañana) ya que el lunes comienza a aplicarse el Decreto de Necesidad y Urgencia -DNU- que cerró las escuelas por dos semanas en el Amba.
En medio de los tironeos por la modalidad del ciclo lectivo y otras restricciones, lo que aumentó la fricción política entre ambas administraciones, se conoció otro récord de casos positivos de coronavirus. Ayer la Argentina rozó los 30 mil contagios en un solo día. (Ver página 5)
A todo esto, la crónica oficial dice que el Presidente convocó a coordinar en forma conjunta y día a día la ocupación de camas en la ciudad y el cumplimiento del decreto que ya entró en vigencia. Luego de la reunión, Fernández señaló que se trató de una “charla con mucho respeto” con “vocación para encontrar salidas” ante las divergencias por las medidas contra la segunda ola.
Cada uno, por separado, dio su versión del encuentro. Fernández afirmó haberle dicho al jefe de Gobierno que “mintió” sobre la llegada de vacunas al país. Larreta, más tarde y en su reducto, también tuvo oportunidad para dar su versión de lo sucedido.
Antes de la reunión en Olivos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra lo dispuesto por el Decreto 241/2021 en relación a la presencialidad de las clases. Al cierre de esta edición se supo que la Procuraduría declaró admisible el planteo para que lo traten los jueces de la Corte.
La cautelar es contra el artículo 2 del decreto y plantea al máximo Tribunal que se le ordene al Estado nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado”. El gobierno porteño sostiene que se “viola la autonomía de la Ciudad” e “implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación”.
A su vez, la Defensoría Oficial y la Asesoría Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires presentaron un amparo, en representación de un grupo de padres con hijos en edad escolar. Además, varios municipios de Buenos Aires, como el intendente de Vicente López, Jorge Macri, analizaban presentaciones en la Justicia bonaerense para intentar frenar la suspensión de las clases presenciales.