Se necesitan 500.000 dosis para cubrir la organización de las Paso 

Pese a que el Gobier­no y Juntos por el Cambio avanzan hacia el consenso para postergar las eleccio­nes primarias y generales, la Justicia electoral aún no recibió respuestas al pe­dido para que se proceda a la vacunación de las casi 500.000 personas involu­cradas en la organización y desarrollo de los comicios. A juzgar por el ritmo de la campaña, que está atado a la llegada de dosis, la con­testación tardará bastan­te tiempo, es decir que la Justicia Electoral no tendrá vacunas, a menos que se adelante en la cola.

Ayer, el juez e integrante del Consejo de la Magistra­tura, Alberto Lugones (que suele estar alineado al ofi­cialismo) indicó que “hubo un aumento de 40% de los contagios hace una sema­na en la Justicia” y que en estos días se llegó a “150 contagios” de coronavirus. “Hay que buscar limitar en lo posible la presenciali­dad”, dijo el ex titular del organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los jueces, al tiempo que advirtió: “Nos está supe­rando la situación”.

Esta declaración abona la teoría del Gobierno, que quiere patear todo hacia adelante y, en lo posible, cerrar oficinas públicas. En esa línea se inscribe la pos­tergación (o suspensión) de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).

“Nosotros entendemos que mientras más nos co­rramos del invierno mejor. Septiembre y noviembre creo que son dos fechas razonables”, expresó el mi­nistro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, el pasado martes en declaraciones periodísticas al hacer alu­sión a las negociaciones con la alianza opositora en lo que respecta al calenda­rio electoral. Mientras el diálogo con la oposición parece avanzar a paso fir­me, un aspecto que por el momento no tiene res­puesta es la vacunación de las casi 500.000 personas que deben participar en el proceso de organización de ambas elecciones: antes, durante y después de poner el voto en la urna. Son jue­ces, fiscales, trabajadores judiciales y estatales, do­centes, militares y fiscales partidarios.

Algunos conjeturan que la preocupación del Go­bierno no es sólo por la si­tuación sanitaria, también hay un interés político. Se sospecha que las chances del Frente de Todos en las urnas, por ahora son míni­mas. 

Como sea, sólo los do­centes y los miembros del Comando General Electo­ral se encuentran inmuni­zados o en proceso, ya que integran la categoría de “personal estratégico” ela­borada por el Ministerio de Salud en lo que se refiere a la campaña de vacunación contra el coronavirus.

En cada domingo de elec­ción se movilizan poco más de 20 millones de personas: en medio de una pandemia, ese número es una bomba de tiempo.s

Estratégico

Aunque el Gobierno esti­maba tener vacunada a gran parte de la población para mediados de año, los pro­blemas con las vacunas, así como la aparición de nuevas cepas, complica la proyec­ción oficial. Como mínimo, la Justicia Electoral espera que los involucrados en la organización de los comicios sean incluidos en la cam­paña de vacunación, pero hasta el momento el Gobier­no ni siquiera respondió los oficios que envió la Cámara Nacional Electoral (CNE).

El más reciente fue el en­viado al Ministerio del In­terior el pasado jueves, por medio del cual pidió que se informe el listado de perso­nas inmunizadas para que sean designadas como auto­ridades de mesa. A comien­zos de año, el tribunal presi­dido por Santiago Corcuera ya había enviado un oficio al entonces titular de la carte­ra sanitaria, Ginés González García, pero no tuvo éxito.

Un dato, la jueza federal, con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, se contagió de coro­navirus y está internada en terapia.