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SUPUESTA VENTA DE VEHÍCULOS INCAUTADOS

Queda sin juez una causa que involucra a ex funcionarios

La magistrada Cristina Pozzer se excusó para no investigar a Soto Dávila.

La jueza de Goya Cristina Pozzer Penzo se excusó de entender en la causa en la que se investiga la supuesta venta de automóviles incau­tados en el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, hecho por el que están investiga­dos el ex magistrado a car­go de esa judicatura, Carlos Soto Dávila, uno de sus se­cretarios, Pablo Molina, un grupo de abogados y un es­cribiente.

Motivó la resolución de la jueza de Goya la inhibición del magistrado que investiga los hechos, Juan Carlos Va­llejos. Este último comunicó que consideraba oportuno apartarse de la causa porque fue recusado por Zacarías Issolio, el administrativo del Juzgado Federal Nº 1, que sospechado de maniobras ilegales en el ejercicio de su función compite por el car­go de Juez Federal de Pri­mera Instancia del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, al igual que Vallejos.

El expediente fue remiti­do a Goya para que la magis­trada intervenga como juez imparcial. Pero ella advirtió que no habría causal que amerite el apartamiento de Vallejos. Entre otros argu­mentos sostuvo que con el criterio expuesto por Issolio, cualquier abogado imputa­do podría inscribirse en un concurso en el que esté un juez que lo investiga para trabar la causa en su contra.

Ahora, la cuestión está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrien­tes, que deberá definir si Vallejos continúa en la in­vestigación -lo que es proba­ble- o si Pozzer Penzo debe estudiar la causa.

La particularidad del caso está dada porque el juez in­vestigador y el imputado compiten por ocupar una magistratura que tiene a cargo la Secretaría Electoral Federal de Corrientes y que está vacante desde de Soto Dávila renunció tras haber sido imputado por supuesto cobro de coimas a narcos.

En otra causa, se lo inves­tiga junto a sus colaborado­res por delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento porque habrían fraguado documentación en el inci­dente para la restitución de un vehículo secuestrado en el marco de una investiga­ción por lavado de dinero y narcotráfico.

Luego surgieron datos de supuesta entrega de alrede­dor de 30 automóviles que estaban incautados y que fueron entregados a terceros con irregularidades.s