Garrafa, precio y el (no) desarrollo

Las asimetrías siguen marcando la existencia de dos países, el central (Buenos Aires, con la Capital Federal y el área metropolitana más las provincias circundantes) y el periférico, con el NEA como ejemplo. Y esta situación se vive con la cuestión del gas, elemento que llega sin complicacio­nes y a bajo costo a través de redes a los distritos más poblados. Por contrapartida, las garrafas son la vía para los otros sectores que muestran una situación diferente se provean del combustible base para los hogares.

Y ese contexto resulta recurrente que el reclamo de quienes padecen esta situación caiga en la prédica política del de­sarrollo por cumplir. En ese marco es que la tarifa del producto apa­rece siempre como regulador de situaciones. En las últimas horas, por caso, las empresas fraccio­nadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla) reclamaron un aumento del 50% en el precio de las garrafas y denunciaron una si­tuación de quebranto.

Pidieron al Gobierno declarar en forma urgente la emergencia del sector y adoptar “todas las decisiones necesarias que eviten que la situación continúe agravándose”.

De seguir con este difícil presente se afectará a los actores de la industria, pero principalmente se perju­dicará a los usuarios consumidores, en especial a aque­llos más vulnerables que por carencia de recursos o por cuestiones de infraestructura se ven impedidos de ac­ceder a redes de gas natural o a otros recursos alterna­tivos”, alertó la entidad, en un comunicado que reportó la agencia Noticias Argentinas. 

“En el contexto de segunda ola de covid que atrave­samos, y para seguir haciendo frente a la importante demanda de gas licuado que tiene nuestro país, reque­rimos de medidas que saquen a las fraccionadoras de la complicada crisis que sufren”, reclamó el presidente de la entidad, Pedro Cascales. 

En la actualidad el precio de una garrafa de 10 kilos es de $425, y el sector reclama una suba de entre $200 y $250, según la zona del país.

Dicen que el año pasado fue “muy duro por la pan­demia del covid-19 y por el atraso en la actualización de los precios de referencia que llevó a que la actividad de fraccionado de gas envasado esté en un contexto de déficit insostenible”. 

Si bien se consiguió que los valores se incrementen, no fue “al nivel esperado para cubrir los costos y már­genes razonables históricos”, indicó la cámara. 

“Hay una necesidad imperiosa de cubrir los costos operativos y de recuperar una razonable rentabili­dad que permita mantener el nivel de inversiones tal como lo marca la Ley 26.020”, sostuvo Cascales. 

La entidad dijo que los márgenes establecidos de las tareas de frac­cionamiento y distribución en la Argentina se ubican en US$3 por garrafa de 10 kg. 

“Este número es la mitad respec­to de los de los países de la región que, en promedio, ubican ese valor alrededor de los US$6 por carga de 10 kg”, señaló.

La cámara también reclamó “suspender todos los procedimientos de cobro de las multas que por cual­quier concepto hayan sido aplicadas hasta la fecha por un plazo mínimo de 3 años y la reducción del 50% en las contribuciones patronales de los empleados del sector”. 

El sector fraccionador de gas licuado da empleo di­recta e indirectamente a más de 9.000 personas y abas­tece a más de 5 millones de hogares.

La falta de política (o la existencia de decisiones polí­ticas de permanecer con la postergación) implica situa­ciones como estas. El valor de la garrafa se erige como moneda de cambio, en una necesidad casi extrema para poder avanzar con el desarrollo del país.