Salario mínimo, garantía de pobreza

El salario mínimo, vital y móvil llegará a $29.160 en febrero del año venidero, dentro de diez meses, es lo que acordaron en el Consejo Na­cional del Salario los representantes de los gre­mios y las cámaras empresariales con el arbitraje del Ministerio de Trabajo de la Nación, es decir el gobierno que encabeza el neokirchnerista Alberto Fernández. El incremento representa un 35% respecto del monto que rige actualmente que es de $21.600. Algunos conside­raron que la corrección es significativa y contribuye a mejorar la situación de los trabajadores, así lo expresó -por ejemplo- el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, uno de los participantes del encuentro en el que se defi­nió el aumento. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social (y uno de los más preocupados por la situación de los sectores vul­nerables) consideró que “es un avance” y si bien admitió que “no es suficiente” ponderó que reper­cute en el bolsillo de 6 millones de personas. Los índices sociales y económicos (que confecciona el propio Indec, un organismo del Estado) muestran que la suba que se dispuso en el salario mínimo no cambia nada, de tal modo que todas las opiniones elogiosas de los funcionarios forman parte de una pa­traña comunicacional. 

Lo resuelto en el Consejo Nacional del Salario ha de­jado mucha tela para cortar, desde lo económico hasta lo político. Pero, el primer dato a considerar y que sir­ve para derrumbar cualquier consideración favorable es que según el Indec una familia tipo necesita hoy de $60.000 para no caer en la pobreza. Con un salario mí­nimo de $29.160 no alcanza. Siguiendo la referencia que dio el ministro Arroyo hay, de movida, 6 millones de trabajadores que están bajo la línea de pobreza y se­guirán así porque el incremento salarial se completará en el verano próximo. 

Hoy se necesitan $60.000 y el mínimo de los asala­riados en relación de dependencia llegará a su nuevo tope de $29.160 (la mitad de lo requerido) en febrero del 2022. Esto lo único que garantiza es pobreza. El destino que tiene reservado el modelo para millones de argentinos. Cualquier argumento que pretenda refutar esta realidad es pura ficción, engaño de la política.

En ese relato ficcionado de una supuesta batalla por la igualdad tienen protagonismo los dirigentes de la CGT y la CTA alineados al kirchnerismo, tal el caso de Héctor Daer y Carlos Acuña; también Andrés Ro­dríguez, Gerardo Martínez; Sergio Romero, José Luis Lingeri, Roberto Fernández, Víctor Santa María, Jorge Solá, Rodolfo Daer, Julio Piumato, Noemí Ruiz, Antonio Caló y Armando Cavalie­ri. Incluso el combativo legislador nacional y titular de la CGT de los trabajadores, Hugo Yasky. Todos votaron por esta “corrección sala­rial”. 

Ricardo Peidró, de la CTA Autó­noma, propuso un aumento que se aproximara a los 60.000 pesos (el de la línea de pobreza) y por eso se abstuvo a la hora de la votación. En cambio los dirigentes de las cáma­ras empresarias convalidaron el incremento de 35%, que para colmo no es automático.

El ajuste se abonará en siete cuotas, de la siguiente manera: abril 9%, mayo 4%, junio 4%, julio 3%, agosto 5%, noviembre 5% y febrero de 2022 el restante 5%. Así se llegará a casi 30.000 pesos el año próximo. 

Esta pauta salarial es la que alentaba la Casa Rosada pues se acerca a las paritarias que vienen firmando los principales gremios en los últimos días, como Comer­cio (32%), UOM (36%) y Uocra (35%). Fue así que con la mayoría de las centrales sindicales alineadas con el oficialismo, finalmente se llegó a un rápido entendi­miento con el sector empresario, sin necesidad de que el Gobierno tenga que laudar.