La Constitución en revisión
Un nuevo frente de batalla se abre con la intención del Presidente de obtener poderes extraordinarios por ley.
El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre su intención de recurrir al Congreso de la Nación para conseguir facultades extraordinarias que le permitan dictar medidas de excepción por la pandemia, basado en presuntos criterios científicos, contradice abiertamente la batería de cuestionamientos -algunos de singular dureza- que su administración le ha propinado a los dirigentes de la oposición y en particular al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien recurrió a la Justicia por el cierre intempestivo de las escuelas. La iniciativa que dijo que está gestando el Jefe de Estado para conseguir una potestad amplia, no sólo opaca sus dichos, derrumba el acto ejecutado, lo despoja de toda legalidad y denuncia que la Presidencia perpetró una arbitrariedad. Un abuso, carente de legitimidad constitucional.
La Corte Suprema de Justicia y su bien medido remoloneo para resolver el pleito le ha dado al profesor Fernández un salvoconducto que lo resguarda en la contravención y más aún le da oxigeno para un segundo avance, que ya consumó con las medidas que entraron en vigencia ayer.
Como sea, con o sin fallo de la Corte, la movida presidencial para encontrar respaldo en el Legislativo es lo que desnuda la flaqueza legal de su orden inconsulta de suspender las clases presenciales y obligar a pasar a un régimen de escolaridad virtual. Medida que Larreta ha resistido con el secreto deseo de capitalizarlo electoralmente más adelante. Mientras tanto es imposible no reparar en que hay un derecho que está por encima del criterio de Fernández y de cualquier especulación de Larreta, es la facultad de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) de decidir sobre su sistema educativo.
Están en juego principios elementales. Aunque la pandemia de coronavirus imponga urgencias, esos principios deben ser observados con respeto.
Por eso, el envío de un proyecto para blindar eventuales futuras restricciones promete reactivar la actividad del Congreso en las próximas semanas y anticipa un nuevo frente de conflicto entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, con el guiño de la Justicia. Ese rechazo prematuro, ya que aún no se conoce el detalle de la iniciativa, se basa en los posibles alcances que tendría la ley y que podrían -según analizan en la oposición- ir en contra del Artículo 29 de la Constitución Nacional. Ese punto de la Carta Magna dice que ni el Congreso ni las legislaturas provinciales pueden otorgarle “facultades extraordinarias ni la suma del poder público” al presidente o a los gobernadores.
Juntos por el Cambio habló en las últimas horas de “superpoderes” y “cheque en blanco”, al argumentar su negativa a la propuesta del Gobierno nacional que fue anticipada este viernes por el presidente Alberto Fernández, pero que todavía está en vías de construcción.
La Secretaría de Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete trabajan en el texto con el objetivo de eludir eventuales choques de constitucionalidad y lograr un proyecto que tenga respaldo de bloques opositores. Si bien en la Casa Rosada ven difícil un acuerdo con Juntos por el Cambio, sí consideran posible el voto de otros sectores de la oposición, más permeables a discutir ideas.
Independientemente de la suerte legislativa que tenga el proyecto, lo llamativo es que el Presidente tenga que recurrir al Congreso para definir los límites de sus facultades. Según explican fuentes oficiales, la estrategia es presentar en el Congreso “parámetros visibles para todos”, que puedan fijar un umbral epidemiológico que en caso de ser superado dispare automáticamente las restricciones, desechando pleitos judiciales.
La teoría marca que la Constitución es el ordenador indiscutible, pero evidentemente el profesor (de Derecho) Fernández no lo ve de esa manera.