Autonomía para el federalismo

Aunque con demoras la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto unánime de cuatro de sus cinco miembros falló a fa­vor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su demanda contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales por 15 días en el inicio del nuevo ciclo de restricciones por la pan­demia de coronavirus. Ese plazo se superó antes de que se produjera el pronunciamiento del máximo tri­bunal del país de tal modo que la resolución podría considerarse abstracta, pero no lo es pues la materia sobre la que versa es de orden constitucional y pone de relieve un principio liminar: la autonomía de las provincias y también de la Ciudad Autónoma para definir sobre la educación. Es lo que dice la Constitución, ni más ni menos. 

En la Casa Rosada tomaron el fallo como es costumbre en los gobiernos autocráticos, lo con­sideran un ataque. Reniegan de él y lo ametrallan con los más variados calificativos del des­precio y si pudieran graficar sus dichos, le pondrían cuernos y culebras. El profesor Fernández habló de “decrepitud” del Derecho. Se encolumnó así a las críticas que encabezó su jefa política y vice­presidenta del Estado, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, a la que siguió un batallón de dirigentes del sistema K. 

La señora apeló al mensaje tremebundo al asegurar que hoy “los golpes contra las instituciones demo­cráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”. Traducido -por si hace falta- Cristina Kirch­ner parangona el fallo de la Corte Suprema como una acción golpista contra el Gobierno. Insólito. 

Evidentemente en el ideario republicano de CFK los votos dan poder para todo, incluso para retorcer la Constitución y, sobre la marcha, reescribir princi­pios según la conveniencia del momento. Lo llama­tivo -todavía resulta llamativo- es que haya dirigen­tes, bien formados y lúcidos en el conocimiento del Derecho, que abonen el absurdo de suponer que el orden constitucional se puede moldear como si fuera de goma. Estirar, doblar, cortar, a gusto.

Fernández, profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y funcionario en todos los gobier­nos desde el retorno de la Democracia en el año 1983 hasta estos días, es uno de esos seguidores del movi­miento fundamentalista: “La República soy yo”.

En ese esquema donde hay uno solo que decide y los demás obedecen, la Justicia es un factor de riesgo. Un enemigo. 

El Presidente de la Nación, en su mimetización con el kirchne­rismo, se mueve ahora en este rango de pensamiento. Por eso, según su opinión, la Justicia es decrépita, aunque no ha hecho más que poner en valor princi­pios taxativamente expresados en la Constitución Nacional res­pecto de la autonomía de las pro­vincias, un concepto que da sar­pullido a los autócratas. 

Ahora bien, el fallo de la Corte Suprema que hizo lugar al planteo del jefe de Gobierno porteño Ho­racio Rodríguez Larreta cuestionando la prohibición de las clases presenciales en Caba no sólo tiene un efecto inmediato en la órbita de la Ciudad sino que también repercute en el resto de las provincias, tácita­mente realza la potestad de cada distrito para definir la modalidad educativa en tiempos de pandemia. 

“No habría Nación si cada provincia se condujera como una potencia independiente; pero tampoco la habría si fuese la Nación quien socavara las compe­tencias locales”, recordaron los supremos en su voto. “El ideario federal en el que descansa nuestro siste­ma de gobierno parte de la base de que el Estado Na­cional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Bue­nos Aires y los municipios coordinan sus facultades para ayudarse y nunca para destruirse”, añadieron.