Juzgarán a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria por lavado
La fiscalía sostiene que usaban cuentas de terceros para hacer movimientos financieros ilegales. Las maniobras fueron entre 2013 y 2016
El fiscal federal de la ciudad de Resistencia, Patricio Nicolás Sabadini, pidió la clausura de la investigación y la elevación a juicio de la causa en la que un grupo de efectivos de Seguridad Aeroportuaria y un funcionario de la Anses están sospechados de maniobras de lavado de activos realizados en Corrientes y en esa ciudad chaqueña.
El funcionario del Ministerio Público Fiscal sostiene que Abel Galeano y Martín Candia “deben ser requeridos por el delito de lavado de activos agravados por la habitualidad y ser miembros de una asociación para la comisión continuada de hechos”.
En tanto, respecto a Andrés Galeano, Martín Erro y Claudio Toledo, están requeridos por los mismos delitos pero con el agravante de haber sido cometidos por funcionarios públicos; en tanto que Adrián Esquivel Forastier fue acusado por lavado de activos con agravantes, mientras que Daiana Esteche, Gustavo Sicardi y Marcelo Boutet, como partícipes secundarios de estos hechos ilícitos financieros.
La acusación es de “haber formado parte de una organización ilícita con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional, que operó en las ciudades de Resistencia, provincia del Chaco, y Corrientes durante los años 2013, 2014, 2015 y principios del 2016, en el marco de la cual los encartados de manera organizada y sistemática, se han dedicado a diseñar una sofisticada estructura financiera y un complejo esquema de inversión destinado a reinsertar y aplicar al sistema bancario y económico legal la ganancia espuria obtenida de la venta en el mercado marginal de dólares estadounidenses a la cotización del dólar blue”, dice el pedido del fiscal federal.
Según la acusación, “el esquema financiero funcionaba reclutando a personas determinadas, en su mayoría personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quienes voluntariamente y con conocimiento de las maniobras a realizar, prestaban sus tarjetas de débito y el manejo de sus cajas de ahorro bancarias, a cambio de recibir una contraprestación que oscilaba entre 1.000 a 2.000 pesos, aproximadamente”. Lo que sostiene el Ministerio Público Fiscal es que “las maniobras consistían en efectuar múltiples depósitos de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos y ventanillas de las entidades bancarias a las diferentes cajas de ahorro”. Para la Fiscalía, luego de esto, “algunos de los encausados viajaban a la República del Paraguay y simulaban compras con las tarjetas de débito por cifras significativas a través de la utilización de Posnet de locales comerciales de aquel país”. Las maniobras habían sido descubiertas en Corrientes, pero la mayor parte de las actividades se realizaban en Resistencia y es por ello que la causa es tramitada en esa provincia, luego de un conflicto de competencias.
Luego, la jueza Zunilda Niremperger sobreseyó a funcionarios bancarios y a efectivos policiales porque no intervinieron en los hechos.s