De la queja a la imputación

Como si la crisis económica, que se prolonga y además lleva carga de una pandemia, no fue­se poca cosa, además asoma en el horizonte otro albur con el cual lidiar: un clima de beli­gerancia que envuelve a los procesos electorales en la Argentina y altera la convivencia. Este fenómeno, que se repite cíclicamente sin importar quién esté al frente del Poder Ejecutivo, amenaza con volver más traumá­tica la coyuntura. Hay señales inequívocas en ese sen­tido. Por ejemplo, en el sector empresario comenzaron a mostrar preocupación por el endurecimiento del discurso del presidente Alberto Fernández en sus úl­timas apariciones, al mismo tiempo -coincidentemen­te- se multiplicaron los bloqueos de plantas fabriles por parte del sindicato de camioneros que diri­ge a mano de hierro el Clan Mo­yano. Hugo, el jefe de la familia, ha estrechado su relación con el Jefe de Estado y prueba de ello son los crecientes beneficios que derivaron de ese vínculo. El más cercano es la partida de vacunas para inmunizar a los choferes de camiones. ¿Son esenciales?

En el empresariado miran ab­sortos las derivaciones de esta relación, pero sobre todo compu­tan inquietudes por el creciente desprecio que les dis­pensa el Gobierno. El Presidente los trató de avaros y los culpó por la suba de precios y la pobreza, mientras que la jefa de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, acusa a algunos de no querer pagar el aporte extraordinario a las grandes fortunas. 

Las redes sociales de varios hombres de negocios ar­dieron el fin de semana, la mayoría se mostró preocu­pada por lo que consideran una “radicalización” de los conceptos del Presidente. “Nos quieren culpar de la pobreza para no hacerse cargo del despilfarro de la po­lítica. Es un año electoral y nos tenemos que preparar para ser los culpables de todo”, indicó un empresario citado por el sitio Data Clave. 

También ensayaron una respuesta solapada a Marcó del Pont: “Hay que preguntarle a Alberto Fernández si los empresarios avaros son los que no pagaron el impuesto a la riqueza o los que se quedaron con em­presas evadiendo impuestos”, señalaron en un inter­cambio de mensajes en las redes. A todo esto, Marcó del Pont lamentó que un grupo de contribuyentes con patrimonios superiores a $200 millones aún no cum­plió con sus obligaciones o inició acciones legales para no pagar. 

El mayor temor entre los grandes jugadores del sec­tor privado es terminar siendo el chivo expiatorio de la crisis económica en la que sigue sumergida la Ar­gentina. Consideran que el discurso antiempresa es la excusa perfecta para el Gobierno de cara a las elecciones.

La semana anterior, el Jefe de Estado se había quejado: “Los po­derosos terminan pasando la as­piradora sobre toda la ayuda que ponemos. Podemos analizar si es una solución que saquemos el IVA para los que reciben la Tarje­ta Alimentar, pero, ¿qué aportan los empresarios en todo esto? Los sectores más pudientes en la Ar­gentina, ¿cuál es el aporte que ha­cen?”, se preguntó. También tildó de avaros a quienes recurrieron a amparos contra el Aporte Solidario.

El discurso filoso del Presidente y sus alfiles contra el empresariado genera un doble efecto: distancia­miento y temor a represalias. Ya sucedió que las críti­cas al Gobierno (o la desobediencia) eran respondidas con operativos de la Afip.

“Hace 40 años que tengo empresas en la Argenti­na, pagué todos los impuestos, inclusive el solidario. Pero la pregunta que hace el Presidente es al revés. Con toda la que pagamos los empresarios y los trabajado­res, ¿cómo podemos tener esta pobreza?”, se quejó un referente del sector.

La pregunta abre un debate amplísimo que toca la médula del modelo K. En ese contexto hay un punto cla­ve: qué tipo de empresariado prefiere el kirchnerismo.