Semana de alta tensión en el Congreso, debatirán leyes claves para el Ejecutivo
Tratarían la modificación del calendario electoral, un proyecto de “superpoderes” y una iniciativa para remover al jefe de los fiscales.
Mientras el Congreso se apresta a modificar las fechas del llamado a las urnas, el Ejecutivo ya puso en marcha el calendario electoral a través de un decreto, con el cronograma previsto inicialmente. Sin embargo, en la Casa Rosada aguardan la sanción de la ley para correr los plazos que están rigiendo y amoldarlos a la norma que se apruebe en el Parlamento. El proyecto para postergar por un mes las Paso y las generales fue gestado a partir de un acuerdo general del oficialismo, en el que trabajaron varios funcionarios y referentes legislativos del Frente de Todos, con la conducción de Juntos por el Cambio. Una condiciones que hizo posible el consenso entre las partes fue la incorporación de una cláusula, pedida por la oposición, en la que se establece que este año no podrá modificarse el calendario.
La Cámara de Diputados de la Nación avanzará con la iniciativa para postergar por un mes las elecciones Primarias y las generales, y el Gobierno buscará, en un plenario de comisiones, emitir un dictamen favorable sobre el proyecto que apunta contra el jefe de los fiscales. El oficialismo en el Senado, por otra parte, intentará aprobar en el recinto la ley de “superpoderes” con la que el Ejecutivo busca “blindar” las medidas que tome Alberto Fernández en el medio de la pandemia.
El último jueves, tras un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió dictamen sobre el proyecto para pasar la fecha de las elecciones Paso, desde el 8 de agosto hasta el 12 de septiembre, y de las legislativas, desde el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre.
Según confirmaron fuentes parlamentarias, la intención del oficialismo es introducir el tema en una sesión especial que se realizaría el miércoles para debatir esta iniciativa, junto al proyecto para modificar el esquema del impuesto a las Ganancias a las empresas, con la que el Ejecutivo intenta aumentar la recaudación impositiva.
El texto de la iniciativa para modificar el calendario electoral fue consecuencia de negociaciones entre el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y la conducción parlamentaria de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri. Incluye una cláusula pedida por la oposición: “La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso”. La cláusula es un intento del JxC de impedir que el Gobierno busque suspender más adelante las Paso.
Como existe un claro consenso, el proyecto no tendrá dificultades para ser aprobado y pasará rápidamente al Senado para su sanción definitiva.
“SUPERPODERES”
El Gobierno negocia a contrarreloj con sus aliados y bloques independientes para conseguir aprobar la iniciativa que busca darle al presidente Alberto Fernández facultades para tomar medidas restrictivas a causa del coronavirus, incluida la suspensión de clases, y evitar resistencia de parte de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, prevé una prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia que estableció nuevas restricciones hace tres semanas y que vence el viernes 21 de mayo.
El proyecto ya recibió dictamen en comisión y el Senado lo aprobaría los primeros días de esta semana. La intención del oficialismo es que, una vez que el proyecto sea aprobado en el Senado, se gire rápidamente a Diputados para lograr una sanción, ya que el objetivo central del Ejecutivo es que empiece a regir antes del 22 de mayo, cuando pierde vigencia el último DNU.
Sin embargo, aunque sería aprobado en el Senado, en el oficialismo no confirmaron aún que estén garantizados los votos necesarios para sancionarlo en Diputados. La iniciativa busca fijar por ley los parámetros epidemiológicos y las acciones que se pueden tomar de acuerdo a la cantidad de casos positivos cada 100 mil habitantes o la ocupación del sistema de salud.
Fuera de la Cámara de Diputados, el Gobierno enfrentaría luego otro desafío: la posibilidad de que la norma sea judicializada y la Corte Suprema vuelva a tener que definir la cuestión, como ya lo hizo en el caso de las clases en la Ciudad de Buenos Aires, cuando respaldó al gobierno porteño.
REFORMA
Con la llegada de Martín Soria, como ministro de Justicia, el Ejecutivo tomó la decisión de reimpulsar las reformas judiciales que duermen en el Congreso desde el año pasado: fundamentalmente la reforma del Ministerio Público Fiscal, que busca reducir los votos necesarios para elegir y remover al jefe de los fiscales. El proyecto volvió a ser discutido, luego de casi seis meses, el viernes en una reunión virtual de comisiones de la Cámara Baja.
Las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de Diputados volverán a reunirse este martes, esta vez de forma presencial.s
MARATÓNICA SEMANA, DEBATIRÁN LA POSIBILIDAD DE APLAZAR LAS ELECCIONES.
El Senado debate proyecto sobre la pandemia
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que establece criterios básicos epidemiológicos para combatir la pandemia de coronavirus en el país, será debatido esta semana en el recinto en una sesión especial, luego de haber obtenido el miércoles último un dictamen en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado.
La iniciativa, según lo previsto, será aprobada gracias a la amplia mayoría que posee el bloque oficialista del Frente de Todos, pese a que algunos de sus aliados, como Juntos Somos Río Negro, y Juntos por el Cambio votarán en contra.
El plan es que, una vez aprobado, el proyecto sea girado a la Cámara de Diputados para una rápida sanción, ya que debería comenzar a regir antes del 22 de mayo, cuando pierde vigencia el último Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Alberto Fernández, que estableció nuevas restricciones para todo el país en las últimas sema-nas.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, afirmó que se buscará introducirle una serie de modificaciones a la iniciativa para evitar que sea recurrida ante la Justicia, como ocurrió con el DNU que la Corte declaró inconstitucional y que preveía la clausura de las clases presenciales. Fuentes del Frente de Todos apuntaron a cambiar el sentido del artículo 21, que hace mención a la suspensión de la actividad escolar cuando un distrito se encuentre en “situación de alarma epidemiológica y sanitaria”.s