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ELECCIÓN DE CONSTITUYENTES

Derrota del oficialismo chileno en las urnas

Los candidatos a conven­cional constituyente por la oficialista Vamos por Chile alcanzaban al cierre de esta edición el 21,79% de los votos frente a 33,04% de la oposición y 45% de los in­dependientes, de acuerdo con el 32% del escrutinio oficial, informó el Servicio Electoral (Servel). De con­firmarse la tendencia, el resultado configuraría una dura derrota para los can­didatos identificados con el gobierno de Sebastián Piñera.

Los chilenos eligieron, de entre casi 1.300 candidatos, a los 155 representantes de la Convención Constitu­yente. De esos 155 conven­cionales constituyentes, 17 están reservados para los pueblos originarios y ha­brá paridad entre mujeres y hombres, por lo que la asig­nación de los cupos deberá esperar hasta que finalice el conteo en cada uno de los 28 distritos.

Cada uno de esos distri­tos entregará cupos propor­cionalmente a los habitan­tes de esas zonas.

En Chile se utiliza el sis­tema D’Hondt para los can­didatos constituyentes, que consiste en un método ma­temático de carácter pro­porcional, que busca forta­lecer la representatividad en los delegados a escoger. Estos 155 convencionales constituyentes tendrán la tarea de redactar una nue­va Constitución en un lapso máximo de 12 meses, y cada norma debatida deberá contar con una aprobación de los dos tercios.

Luego el proyecto de nueva Constitución debe­rá ser sometido al llamado “plebiscito de salida”, en el que los chilenos votarán nuevamente si aprueba o rechazan la Carta Magna. De ganar el “apruebo”, se convoca a una sesión so­lemne del Congreso Pleno y se jura sobre la nueva Carta Fundamental.

En caso contrario, queda vigente el texto actual, que data de 1980, escrito duran­te la dictadura cívico mi­litar de Augusto Pinochet (1973-1990).

El cambio de Constitu­ción fue una de las princi­pales demandas durante las protestas que estallaron en octubre de 2019 en Chile.

La actual Carta Magna chilena data de 1980 y, aun­que fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen mi­litar de Augusto Pinochet y por consolidar un pa­pel residual del Estado en la provisión de servicios básicos.s