La política de Estado, distraída

Hoy -3 de junio- se cumplen seis años de la realización de la primera marcha en el país para reclamar por el fin de los asesinatos de mujeres y personas trans en contex­to de violencia de género y que se popularizó con el slogan: Ni Una Menos. Si bien durante este período se ha avanzado bastante en algunos aspectos de esta batalla, que es de carácter cultural, no es menos cierto que el contraste doloroso de este proceso es el registro de casos de femicidio, cuando no de episodios de vio­lencia física y/o psicológica. Las estadísticas -oficiales y oficiosas- muestran un índice todavía muy alto de hechos desparramados en toda la geografía nacional, con prevalencia en algunos dis­tritos de la región Norte, como Corrientes que tiene un protago­nismo negativo en esta historia. 

La provincia no sólo acumula un número importante de ca­sos en el período que va desde la primera movilización “Ni una Menos” hasta hoy, sino que se ha evidenciado un preocupante aumento de hechos durante el primer año de pandemia -es de­cir en el 2020-, según consigna un pormenorizado informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corrientes está entre las provincias que más hizo trabajar a la Justicia en este tema. 

Todo esto en el marco de una inquietante demora en la concreción de acciones que le otorgue centrali­dad a la lucha por la erradicación de la violencia de gé­nero en el territorio provincial. Faltan más programas específicos, espacios de contención, pero sobre todo está faltando el trabajo de campo, que es imprescindi­ble para ver de cerca el problema y además establecer lazos de empatía con las víctimas. En este contexto se hace evidente la carencia de formulación de proyec­tos que ayuden a abordar la temática desde la realidad local. 

No hay una política de Estado y lo que le pasa a Co­rrientes en este sentido no es más que un reflejo de lo que sucede a nivel nacional. Con el discurso solamen­te no alcanza. La institucionalización de derechos re­clama algo más que un relato. Ejemplo: en Corrientes no hay paridad de género en materia electoral. Un proyecto tantas veces declamado desde el Gobierno provincial que sin embargo no tiene plafón en el arco político, dominado a voluntad justamente por la alian­za que gobierna la provincia. Insólita contradicción. 

Se da así la paradoja de que el gobernador Gustavo Valdés irá próximamente por su reelección sin poder cumplir con el compromiso de la equidad entre hom­bres y mujeres en el acceso a los cargos electivos. Asig­natura pendiente de la que ya no se habla. 

Sin embargo es bueno tener presente la deuda en fechas como las de hoy, en la que todos (espe­cialmente los políticos) hablarán del “Ni una Menos” y la garantía de derechos elementales. Pues bien, aquí todavía hay bastante para construir en ese orden. Por lo pronto, lo urgente es la seguridad, porque la vida está primero.

Vale refrescar algunos datos es­tadísticos. Un estudio de la Aso­ciación Civil La Casa del Encuen­tro señala que en los últimos seis años se cometieron 1.733 femici­dios y transfemicidios en el país. Como consecuencia de estos crímenes, 2.015 chicos se quedaron sin madre y de ese total el 64% son menores de edad.

En la provincia de Buenos Aires hubo 608 casos de femicidios y transfemicidios; 169 en Santa Fe; 147 en Córdoba; 94 en Salta; 77 en Tucumán; 71 en Mendoza; 64 en la Ciudad de Buenos Aires; 59 en Santiago del Estero; 58 en Chaco; 50 en Misiones; 44 en Corrientes. La lista sigue.

También la Corte Suprema divulgó un informe que remarca el aumento de la violencia de género (y los femicidios) en pandemia, allí también Corrientes sobresale en el indicador. Razones de una preocupa­ción, que por el momento no tiene la acción oficial indispensable.