El otro asistencialismo

Los subsidios del Estado nacional a distintos sectores económicos, empresas públicas y fondos fiduciarios alcanzaron en el primer cuatrimestre del año la friolera de $245.440,8 millones, lo que representa un incremento interanual del 72% que, si bien es muy elevado en comparación con la inflación y la cotización del dólar, muestra una importante reducción en relación con los primeros meses del 2021. Para algunos esto da pie al optimismo, sobre todo entre los integrantes del elenco guberna­mental que lo ven como un avance, una señal positiva, que de hecho lo es, aunque está lejos, muy lejos, de computarse como un logro en un plano de normali­dad. Para entender el rigor de la evaluación no hay que perder de vista el punto de partida, que constituye la referencia sobre la que se debe hacer cualquier me­dición. El parámetro inicial es un rojo fenomenal del 500% que se fue reduciendo gradualmente hasta llegar al 72%, es una mejo­ría, pero no deja de ser un rojo. Y para colmo falta todavía más de un semestre.

Los datos que difundió esta semana la Asociación Argentina de Presupuesto y Administra­ción Financiera Pública (Asap) permite ver la curva de los subsidios (con una reducción del aumento in­teranual), y las cifras evidencian el volumen de los desembolsos que se hacen desde las arcas públicas. Ejemplo: el incremento de los subsidios había sido del 501,1% en enero, bajó al 350,9% en el primer bimes­tre y a 171,4% en el primer trimestre, acercándose a la previsión consignadas en el Presupuesto Nacional de una suba nominal de no más del 45% respecto del nivel ejecutado en 2020.

Con el comportamiento descripto en estos primeros meses se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, depende de la predisposición y tolerancia de cada ob­servador, pero lo que es indiscutible es que el esquema de subsidios estatales a empresas de servicios y nego­cios está desfasado. Sin embargo la reducción se pue­de entender como un triunfo -por ahora parcial- del ministro de Economía, Martín Guzmán. Afirmación -discutible, por cierto- que gana adeptos en los círcu­los económicos que siguen atentos a los movimientos de la política y especialmente del Gobierno. 

El hecho es que más allá de que no consiguió los aumentos tarifarios que pretendía, la reducción de los porcentajes de crecimiento nominal se inscribe en la estrategia del promocionado ministro Guzmán, que apunta a que los subsidios disminuyan su participa­ción en el gasto total, ya que en el primer trimestre lle­garon a ser superiores a todo el déficit financiero por primera vez en seis años.

Hay que recordar que las dife­rencias internas sobre la política tarifaria que hace un mes se hicie­ron públicas con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Ba­sualdo, se zanjaron salomónica­mente con un ajuste del 9% para todo el año, en lugar del 15% al que aspiraba Guzmán, así como un 6% para el gas. De todos mo­dos, Guzmán volcó la balanza a su favor en la suma total, ya que hubo bajas del 58% en los sub­sidios al sector industrial y una suba de sólo 54,4% para el Transporte, que atenuó el aumento del 128,4% para el sector energético.

Las transferencias para financiar gastos corrientes (subsidios propiamente dichos) fueron de $226.728,5 millones y tuvieron un alza interanual del 65,7%, mientras que las destinadas para gastos de capital al­canzaron a $18.712,3 millones y se incrementaron un 218,9%.

¿Qué subsidia el Estado? Energía (Cammesa, gas, Yacimiento Carboníferos Fiscales); Transporte (tre­nes, colectivos, aviones); Empresas públicas (correo, radio y televisión, Télam) además de un puñado de Fondos Fiduciarios que no tiene control específico y se alimentan de los recursos públicos, es decir de la contribución de todos y todas.