La eficacia para atender la crisis
En un hipotético ranking de países que fueron objeto de la evaluación, la Argentina aparece en el segmento de los reprobados.
El manejo de los abultados fondos que la administración de Alberto Fernández dispuso para amortiguar el impacto de la emergencia sanitaria producto de la propagación del coronavirus es cuanto menos ineficiente, según señala un informe de una organización internacional publicado en los últimos días en Washington, Estados Unidos. En un hipotético ranking de países que fueron objeto de la evaluación, la Argentina aparece en el segmento de los reprobados, aunque a favor corresponde señalar que apenas cuatro países se salvaron del aplazo, el resto deja bastante que desear.
El estudio, a cargo del International Budget Partnership (IPB), que se podría traducir como “Alianza Presupuestaria Internacional”, examinó de qué modo 120 países del mundo dispusieron y administraron un total de US$14 billones (millones de millones) de dólares con que respondieron a la pandemia. Para el caso argentino, la IBP puso el ojo en los programas de Ingreso Federal de Emergencia (IFE) y el de Asistencia al Trabajo y la Producción ATP). El resultado es lapidario. El relevamiento dice que el Gobierno argentino fue parcial en cuanto a la información sobre los planes de asistencia, el nivel de vigilancia sobre el uso de los fondos fue “mínimo”, la transparencia con que se dispusieron fue “mínima” y la rendición de cuentas fue “limitada”.
Sobre 120 países relevados, el principal hallazgo de la investigación es que los gobiernos no logran gestionar su respuesta de política fiscal a la crisis de manera transparente y responsable. Más de dos tercios de los gobiernos que analizamos, en muchas regiones y niveles de ingresos, solo han presentado niveles limitados o mínimos de rendición de cuentas en la introducción e implementación de sus respuestas tempranas de política fiscal, señala una de las conclusiones del organismo.
Al revisar la información suministrada, el nivel de vigilancia y la transparencia en el uso de fondos y la calidad de la rendición de cuentas, el informe ubicó a los 120 países relevados en una escala de 5 niveles de calidad de manejo de los fondos covid: Sustancial, Adecuada, Alguna, Limitada y Mínima. Ningún país alcanzó la calificación de “sustancial” y solo 4 recibieron la calificación de calidad “adecuada” de gestión: Australia, Filipinas, Noruega y Perú. Otros 29 países, la mayoría de ellos “desarrollados”, fueron ubicados en la categoría intermedia de “alguna” calidad o control. Allí aparecen varios países europeos, EE.UU. y Japón, pero también países emergentes o de menor desarrollo como Brasil, Chile, Colombia, Indonesia, Nigeria y Sierra Leona.
En el penúltimo escalón, de calidad “limitada” de gestión y rendición de cuentas aparece la Argentina junto a otros 54 países, entre ellos China y Rusia, una mayoría de ellos naciones subdesarrolladas de África (Angola, Botsuana, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Uganda), Asia (Afganistán, Armenia, Georgia, Kazakstán) y América Latina (Bolivia, Dominicana, Ecuador, México, Nicaragua) y también algunos países desarrollados, como España y Corea del Sur.
En el último escalón, con calidad “mínima”, aparecen 32 países, desde Albania y Arabia Saudita (un reino estrechísimamente controlado por una dinastía) hasta Venezuela, Yemen y Zimbabwe.
La Argentina recibió la más baja calificación en dos de los cuatro aspectos evaluados: información y vigilancia “mínimas” sobre los planes de asistencia. Para evaluar el caso argentino, la IBP eligió el IFE y el ATP por ser los dos programas más grandes en términos de su incidencia en el gasto público, al punto que el IFE, precisa, representó tres cuartos del gasto social y el ATP casi dos tercios del gasto de auxilio al sector privado, y en conjunto sumaron 51% de las sumas distribuidas con impacto presupuestario.