El consenso para apretar el bolsillo

La Cámara de Diputados de la Nación, con apo­yo correntino, convirtió en ley el denominado “Consenso Fiscal” que firmaron el presidente Alberto Fernández y casi todos los gobernado­res, salvo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodrí­guez Larreta, y que contempla una serie de medidas que busca -según señala el título oficial- “reactivar las economías provinciales” mediante el levantamiento del corset impositivo al que se habían comprometido tres años antes, durante el mandato de Mauricio Ma­cri. Es que básicamente el acuerdo, que ahora se con­virtió en ley (el Senado lo había aprobado en febrero pasado y los tres correntinos también levantaron la mano), le da libertad a los gobiernos pro­vinciales para subir la alícuota de Ingresos Brutos, que estaba blo­queada por el Consenso anterior y que ponía freno a la voracidad fiscal del Estado constituyendo así un escudo que protegía a los contribuyentes. Ahora ese escu­do ha desaparecido y los manda­tarios podrán actualizar -hacia arriba- los gravámenes imposi­tivos. En síntesis, el nuevo pacto fiscal es un entendimiento de la corporación gobernante para extraer recursos de la única fuente que no tiene protección: el bolsillo de la gente.

El gobernador radical de Corrientes, Gustavo Val­dés, al igual que sus correligionarios de Jujuy (Morales) y Mendoza (Suárez) firmaron el consenso con el presi­dente Fernández y comprometieron el apoyo legislati­vo en el Congreso. Cumplieron a medias. La bancada de Juntos por el Cambio votó mayoritariamente en contra, pero hubo algunos que saltaron el cerco y apo­yaron la ley. Es el caso -por ejemplo- de la correntina Sofía Brambilla que se disciplinó a la directiva de Val­dés. Una macrista enchamigada con el kirchnerismo. No es la primera vez. Obvio, los tres diputados K (Ara­gón, Romero y Sand) acompañaron la iniciativa que en el fondo esconde un zarpazo tributario. 

En esto no hay diferencias entre el radical Valdés, los hiperkirchneristas como Pitín Aragón o la díscola macrista como la goyana Brambilla. A la hora de ex­traer recursos la corporación parece actuar en bloque. 

La ley otorga una facultad para aumentar los im­puestos, especialmente Ingresos Brutos, de eso de­pende los 70.000 millones de pesos que, dicen, otor­ga el Consenso Fiscal para “reactivar” las economías regionales. No hay “dinero físico” para repartir, no se trata de un programa especial o un fondo específico que distribuye recursos conforme algún criterio de necesidad, nada de eso, el dinero para la reacti­vación saldrá de la ventanilla de recaudación de cada distrito. Es decir del pago de impuestos de los ciudadanos.

Ingresos Brutos y Sellos (dos impuestos altamente regresivos) quedan a merced del bolígrafo del gobernador de turno. También elimina topes al impuesto inmo­biliario y permite incrementar las alícuotas del impuesto a los Se­llos, a la vez que las provincias po­drán restablecer los impuestos que algunas aplicaban sobre el salario a trabajadores. Cuando se produzca el aumento -si es que ocurre- no habrá que quejarse solo con Valdés, también con los diputados y senadores nacionales que convalidaron la medida.

La ley también establece una prohibición de au­mentar la deuda pública y suspende procesos judicia­les por la distribución de la Coparticipación Federal. 1) Las provincias se podrán endeudar, pero hasta el tope que tenían autorizado en 2020. 2) Además todos los gobernadores firmantes del “Consenso” renunciaron a los reclamos mediante juicios por deudas que man­tenía la Nación. Lo pasado, pisado. No es la primera vez que Corrientes acepta este tipo de condiciones.