Magistrado correntino ordenó detener a funcionarios misioneros por contrabando
En el marco de una causa federal allanaron viviendas en misiones y apresaron a empresarios y numerarios de fuerzas de seguridad.
Una investigación de la Gendarmería Nacional detectó que los camiones que circulaban por las rutas nacionales 12 y 14 en Corrientes, cargados con soja para enviarla de contrabando a Brasil, cruzaban a Misiones por caminos alternativos liberados por las fuerzas de seguridad.
Este dato fue informado al Ministerio Público Fiscal de Corrientes y el fiscal Flavio Ferrini orientó una investigación para esclarecer la situación. La sospecha es que existe una organización dedicada a transportar soja con fines de contrabando, asociada a un grupo de funcionarios de fuerzas de seguridad que garantizan la circulación de esos rodados.
Las averiguaciones se iniciaron a finales de 2020 y durante ese tiempo se pudo identificar a las personas vinculadas con esta actividad.
Ayer, en horas de la mañana, el magistrado federal Juan Carlos Vallejos, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, ordenó al menos cinco allanamientos en Misiones con el fin de hacer cesar estas actividades ilegales y detener a los responsables, en el contexto de la causa 3111/20 NN. s/infracción a la Ley 22415.
Las intervenciones fueron en la ciudad de Apóstoles, municipio que limita con la localidad correntina de Colonia Liebig, donde existe una red de caminos rurales que conectan ambas provincias.
En esa ciudad detuvieron al oficial de la Policía de Misiones Martín P. y al cabo de la misma fuerza Ramón B., a quienes se les secuestró teléfonos celulares y elementos que son de utilidad para la investigación.
En otro barrio de la misma ciudad fue demorado Adrián E., un sargento de la Gendarmería Nacional, también sospechado de permitir la circulación de soja ilegal hacia la frontera con Brasil.
En tanto, en otras localidades de esa misma provincia fueron detenidos tres empresarios que están vinculados a empresas de transporte.
PEAJE ALTERNATIVO
En el contexto de la pandemia de coronavirus, ambas provincias habían reforzado los controles a fin de hacer cumplir las medidas sanitarias, por ello en cada una de estas vías de tránsito alternativas se instalaron puestos de control.
La hipótesis que tienen los funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad es que los camiones que transportan soja de manera ilegal, para esquivar los controles tributarios ingresaban a Misiones por caminos alternativos.
El motivo por el que evitan cruzar por los puestos de control es, por un lado, porque Misiones cobra un tributo por el ingreso de mercaderías no industrializadas.
Pero, por otro, es porque la soja que transportan tiene como fin el contrabando hacia el Brasil, y por ello los documentos que se les entrega a los camioneros generalmente son apócrifos.
En este contexto, un grupo de un funcionarios policiales y de fuerzas de seguridad que debían custodiar los caminos alternativos para evitar la circulación ilegal de personas y mercaderías habrían montado un “peaje” para los camiones con soja que se dirigían a la costa del río Uruguay.
El precio por cruzar habría sido de 200 dólares por camión, en efectivo. Pero, presuntamente, en otros puestos de control también se recibían dádivas para garantizar la llegada de las cargas de 32 toneladas de soja a la zona fronteriza.
Lo que se estima es que cruzan desde Corrientes unos 400 camiones por semana cargados con el producto oleaginoso.
La investigación continúa y el juez de Corrientes Juan Carlos Vallejos está orientado a determinar la cadena de responsabilidades con relación al hecho. En las próximas horas tomará declaración a los involucrados, sobre los que pesarían acusaciones por delitos tributarios, asociación ilícita y falsificación de documentos.