Se inició en Goya primer juicio sin intervención de un fiscal
Se trata de un proceso de “acción privada”. En este caso el de un profesor que fue “escrachado” por televisión. Durará sólo tres audiencias.
Comenzó ayer el primer proceso de “acción privada” el cual consiste en un juicio sin intervención del fiscal entre dos particulares (querellante y querellado) y previsto en el nuevo Código Procesal Penal. Fuentes judiciales informaron que en las instalaciones del tribunal de Goya se realizó el primer juicio por proceso de acción privada de la provincia en el marco del nuevo Código Procesal Penal (CPP). “El rector de una escuela secundaria querella a dos mujeres que lo denunciaron a través de un medio audiovisual por acoso laboral y violencia de género el pasado 19 de marzo”, explicaron.
La primera audiencia comenzó a las 15.30 en las instalaciones del edificio judicial de la segunda ciudad de la provincia, cabecera de la 2da circunscripción judicial y donde el novel CPP rige desde el 1 de marzo pasado.
Según el querellante el 19 de marzo de este año, entre las 8.50 y 12 horas, dos mujeres se presentaron en el Colegio Secundario donde él ejerce como rector y ante un medio de comunicación audiovisual lo denunciaron públicamente. El hombre consideró que las afirmaciones que hicieron fueron sin tener prueba alguna. Lo acusaron de cometer acoso laboral, violencia laboral, violencia de género, insultos y acoso a las mujeres que trabajan en dicha institución educativa.
“Este tipo de proceso implica que la víctima de ese delito podrá, con asistencia letrada, ejercer la acción penal por querella”, comentaron los informantes, y agregaron que “la querella deberá cumplir los requisitos previstos para la acusación en el artículo 294, y se presentará con tantas copias como querellados hubiere”.
Esta causa se postergó por la feria extraordinaria en el marco de la pandemia por coronavirus ya que tenía fecha fijada para el 10, 11 y 14 de junio. La querella fue presentada el 6 de abril de 2021 cuando dio inicio el proceso.
El juez interviniente es el doctor Julio Ángel Duarte, mientras que el querellante es el rector de un establecimiento educativo, quien está asistido por dos abogados.
Las mujeres querelladas son dos y están acusadas por los delitos previstos y penados por los artículos 109 y 110 del Código Penal, Delitos contra el honor.
El primero establece que “la calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000) a pesos treinta mil ($ 30.000).
El segundo: “El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil quinientos ($1.500) a pesos veinte mil ($20.000)”.