El gasto público y la licuadora

Los intentos por mejorar los salarios de emplea­dos públicos y las jubilaciones en términos reales en el largo plazo chocan con una reali­dad que impide llevar a cabo ese propósito, ya que en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de beneficiarios. De acuerdo con un análisis de la Fun­dación Mediterránea, del 2000 al 2020 se pasó de 2,2 millones a 3,6 millones de agentes públicos en los tres niveles (nacional, provincial y municipal), en tanto la cantidad de jubilados subió de 3,3 millones a 6,8 mi­llones, totalizando entre ambos un alza de 5,5 millo­nes a 10,6 millones de personas.

Ese aumento en la dotación de personal y beneficiarios del siste­ma previsional generó un gasto acumulado extra de 1,2 billón de dólares entre 2002 y 2020, casi diez veces más que lo que se re­caudó en el mismo período por retenciones (US$137.202 millo­nes) o por el impuesto al cheque, creado “en forma transitoria” en 2001 (US$126.498 millones).

El trabajo de la Fundación ase­vera que el gasto en personal de la Argentina es el mayor en Amé­rica latina: en 2019 representó el 11,5% del Producto Interno Bruto, considerando los tres niveles de gobierno. Brasil es el país que lo sigue, con un gasto en personal de 9,6% del PIB, también en tres niveles de gobierno, en tanto Chile, Uruguay y Perú (unitarios) y México (federal) gastan en personal del sector público el equivalente a entre 5,8 y 7,2% del PIB.

“Podría decirse que se puede tener una cantidad exagerada de empleados públicos con salarios reales relativamente bajos, o una cantidad ajustada de agen­tes públicos con buenos salarios, pero a largo plazo resulta imposible tener un exceso de empleados es­tatales con salarios también altos. Algo similar puede decirse para el caso del sistema previsional”, sostiene el estudio realizado por los economistas Marcelo Ca­pello y Jonás Alvarado. En el informe, se consideró que “por un aumento exagerado en la cantidad de agentes públicos y jubilados/pensionados ocurrido entre 2003 y 2015, la suma del gasto en salarios y jubilaciones su­bió hasta niveles difíciles de sostener a largo plazo”.

No hay que perder de vista que de hecho luego de 2015 sobrevino un proceso de ajuste en salarios y des­de 2017 en los haberes jubilatorios, en términos reales, que se prolongó hasta el año 2020, y perdura aún en el transcurrir del 2021. Al respecto, los autores precisa­ron que entre 2003 y 2017 el gasto real (no los haberes) de jubilaciones y empleo público aumentó un 190%, hasta que la imposibilidad de sos­tenerlo derivó en los últimos tres años en un ajuste de 12%.

El punto de inflexión de este proceso “estuvo dado tras la fuerte suba del déficit fiscal hacia el final del segundo período de (Cristina) Fernández de Kirchner”, en el que el déficit primario pasó de 0,2% en 2011 a 3,8% en 2015, dicen los investigadores. Y detallan que ese alto desbalance se mantuvo alto en los dos primeros años de la administración Macri (-4,2% en 2016 y -3,8% en 2017), pero “una vez que ese déficit y el consecuente endeudamiento se volvieron insostenibles, comienza un fuerte ajus­te fiscal implícito desde 2018, que se prolonga hasta estos días”.

Según consignan, Capello y Alvarado realizaron un análisis de la situación partiendo de la ecuación bási­ca de la economía “P x Q” (precio por cantidad): dado que Q es inflexible a la baja, cuando las cantidades suben excesivamente, por ejemplo, amparado en un favorable contexto internacional, luego el ajuste ven­drá por P, en el caso que nos ocupa, por los salarios públicos y los haberes jubilatorios reales, dado que los nominales también resultan inflexibles a la baja. La conclusión de ese proceso, aseguraron, es que “la inflación termina licuando salarios y jubilaciones”.