La negligencia política

La Ley de Vacunas para combatir el coronavirus (que lleva el número 27573) fue aprobada en el Congreso de la Nación en octubre y promulga­da en noviembre por el Poder Ejecutivo Nacio­nal. Pasaron algunos meses -las Fiestas y vacaciones con relajamiento generalizado- hasta que cobró noto­riedad el empantanamiento en la negociación con Pfi­zer, uno de los laboratorios más importantes del mun­do en tiempos de “normalidad” y líder absoluto en la producción de vacunas en el marco de la pandemia. No fue sino hasta marzo cuando comenzaron los reclamos de la oposición y también contactos desde el interblo­que de JxC para resolver la cues­tión en el ámbito parlamentario, donde corresponde. El obstáculo era una palabra, que encierra toda una definición: Negligencia. Di­cen que la introdujo en el texto de la ley, Cristina Fernández de Kir­chner. Eso, además de cierta so­berbia criolla, espantó a la firma norteamericana. Conclusión, Ar­gentina se quedó sin vacunas del primer productor en el planeta y terminó aliado con Rusia. 

El país, no sólo el gobierno de Alberto Fernández, perdió al me­nos un semestre. El devaneo oficial, motivado por una cerrazón presuntamente ideológica, les privó a los ar­gentinos de contar con una inmunización eficaz en la pandemia que ha cobrado ya más de 95.000 vidas.

Los cálculos políticos erróneos y cierto capricho por pretender cambiar el mundo, y despojarlo del capitalis­mo que indefectiblemente gobierna el destino de todas las potencias (inclusive China y Rusia), la administra­ción del profesor Fernández prolongó inútilmente una pulseada con el laboratorio de Estados Unidos y así ce­rró no sólo una sino tres puertas. De hecho, también se clausuraron los accesos a Moderna y Johnson & Jo­hnson. Una situación increíble, pero además insoste­nible, que hizo consumir un tiempo valioso en medio de la emergencia sanitaria. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el viernes y publicó ayer el Presidente de la Nación expresa sin disimulos la falta de margen para mantenerse en una posición cerrada, muy propia de una obstinación. Pura negligencia polí­tica, que bien podía ser aplicada a la gestión. 

Alto costo, político, pero sobre todo social porque se esfumaron varios meses con la segunda ola golpeando fuerte al país. Hasta en la reparación del dislate, el Go­bierno cometió una torpeza: modificó por decreto una ley. Igual terminará en el Congreso, donde una bica­meral (que controla) tiene que aprobar el DNU. Nueva­mente se expondrá al escarnio de la oposición. 

Lo llamativo es que el Decreto Nº 431/2021, titulado “Marco le­gal para el desarrollo del Plan Na­cional de Vacunación destinado a generar inmunidad adquirida con­tra la Covid-19 con inclusión de la protección de los niños, las niñas y adolescentes”, contempla una mi­llonaria indemnización para quie­nes sufran daños físicos por algu­na de las vacunas contra la covid. Se trata del denominado Fondo de Reparación Covid-19.

“El acceso al resarcimiento sólo requerirá acreditar la existencia del daño y su nexo causal con la vacuna mediante la preponderancia de la evidencia, sin que sea necesario atribuir otro factor de responsabilidad a cualquiera de los potenciales agentes del daño”, señala el DNU firmado por Alberto Fernández.

¿De cuánto será el resarcimiento? El monto se fijó en 240 veces el haber mínimo jubilatorio del Sipa: es decir, 5.535.528 pesos, ya que la jubilación mínima ac­tualmente se encuentra en 23.064,70 pesos. Y se paga­rá tanto por daños parciales o permanentes, también en caso de fallecimientos. Es la protección que el tér­mino Negligencia pretendía ofrecer y que ahora ya no existe.