Pfizer: la recapitulación oficial que expone un costoso capricho ideológico

Al final, luego de un des­gastante proceso que no dio ningún provecho ni en lo sanitario ni en lo político, el gobierno de Alberto Fernán­dez irá en busca de las vacu­nas contra el coronavirus que han desarrollado en Estados Unidos los laboratorios de Pfizer, Moderna y Janssen, es decir tendrá que hacer nego­cio con empresas en el cora­zón del capitalismo. No hay ningún desmérito en ello, salvo la cerrazón ideológica, y eso fue -según parece- lo que llevó a la administración del neokirchnerista profesor de Derecho, hoy a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, a dilatar casi un año una de­cisión de sana gestión. En medio hubo infinidad de idas y vueltas, un jaleo político in­terminable con la oposición, contratos ocultos, medias verdades, incertidumbre y un creciente disgusto social, todo esto con una catástro­fe sanitaria como telón de fondo. El costo del devaneo oficial seguramente será muy alto. Y no se mide en dólares (o sí, pero no es lo que im­porta), el dislate tendrá un costo político, el saldo sani­tario entra en el terreno de las conjeturas, pero sin dudas también es significativo. 

“Negligencia” es la palabra clave para entender el caso Pfizer, en la negativa inicial y en la recapitulación final. Y la acción de un grupo de padres de chicos con discapacida­des, que repiquetearon con su reclamo en los medios en las últimas dos semanas, fue el factor decisivo para que los inquilinos de la Casa Rosada terminen arriando la bande­ra de la obstinación ideológi­ca. Y lo hicieron por decreto. Tenían el Congreso de la Nación allanado, con la opo­sición dispuesta al voto, pero fieles al modelo autocrático lo sacaron a sola firma.

Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar una ley, en este caso la Ley de Va­cunas contra el coronavirus (Nº 27573). Ayer el Gobierno lo publicó en el Boletín Ofi­cial de tal modo que el país está en condiciones de ir en procura de las dosis desa­rrolladas por los laboratorios norteamericanos. El viernes a la noche, al mismo tiem­po que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secreta­ria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, hacían el anuncio, el Presidente firmaba el DNU 431/2021, titulado “Marco le­gal para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación des­tinado a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19 con inclusión de la protec­ción de los niños, las niñas y adolescentes”.

En los considerandos, el documento señala: El presen­te decreto tiene como uno de sus objetivos la adecuación de la normativa vigente con el fin de posibilitar la adqui­sición de vacunas destinadas a generar inmunidad adqui­rida contra la covid-19 y el acceso a las mismas por parte de la población, en especial, para los niños, las niñas y adolescentes.

El decreto cambia varios artículos de la ley, que eran cuestionados por laborato­rios y que imposibilitaban el acceso a más vacunas. El punto de la discordia era la palabra “negligencia” que fue puesta en la ley (dicen que a pedido de Cristina Kirchner) para el caso de que alguna persona tuviera efectos ad­versos tras la vacunación. 

Por ejemplo, por esa razón el país no podía recibir dosis de Pfizer donadas por Esta­dos Unidos. Ahora el térmi­no “negligencia” se borró. A cambio, en el decreto se creó un Fondo de Reparación co­vid-19, “destinado a aquellos que eventualmente padezcan un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la vacu­na”. También se reemplaza­ron los términos “maniobras fraudulentas y conductas maliciosas” por “conductas dolosas”. En el decreto se fundamenta que: “Estas mo­dificaciones encuentran fun­damento en la necesidad de adecuar la normativa vigente con el fin de obtener las fina­lidades expresadas en estos considerandos”.

JALEO

El decreto, lejos de aplacar la controversia con la opo­sición la incrementó. Lógi­camente desde Juntos por el Cambio repudiaron el dislate oficial y advirtieron que la “negligencia” fue demorar tantos meses en resolver este planteo. También criticaron la pertinaz negativa a discutir el tema en el ámbito del Con­greso de la Nación. 

Al respecto, la ministra Carla Vizzotti defendió el hecho de recurrir a un DNU: “El tiempo que demanda el trámite legislativo impide hacer realidad la prioridad de contar en el menor tiempo posible, con las vacunas des­tinadas a las niñas, los niños y adolescentes”, dijo.

En tanto el presidente de la Unión Cívica Radical, el di­putado por Mendoza Alfredo Cornejo, advirtió que “la pér­dida de vidas y la caída de la economía es el resultado de la ‘negligencia’ del gobierno de Alberto Fernández. Nin­gún nuevo DNU subsanará el fracaso de la gestión de la pandemia”.

Por su parte, Mario Negri (UCR) criticó la terquedad oficial que postergó la llega­da de vacunas para menores en serio riesgo de salud. “Eso fue una bofetada moral para todo el país, ahora recapitu­la con tanta necedad porque la sociedad está bramando”, aseguró.s

IBARRA Y VIZZOTTI DEFENDIERON EL DECRETO

La recapitulación del gobierno de Al­berto Fernández en el caso Pfizer tuvo un factor determinan­te, el reclamo de un conjunto de padres de chicos discapacitados que comenzaron a reclamar, primero tímidamente y en el último tiempo con mayor insistencia y amplificación me­diática, la provisión de la vacuna del la­boratorio de Estados Unidos, la única ha­bilitada para menores de 18 años. Una nota periodística, en mayo, realizada a los padres de Milagros Da Giau, de 16 años y con pará­lisis cerebral, movili­zó a otras familias. La gestión, infructuosa ante las autoridades, dio espacio a un gru­po denominado “Va­cunaMe” que reúne al menos a 40 padres de niños y adolescentes con distintas patolo­gías que están confi­nados en sus hogares -con todo lo que eso implica para su salud- debido a la falta de vacunas.