La solidaridad de un modelo hueco 

El Gobierno nacional sorprendió ayer con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que obtura la elección de la obra social para los nuevos empleados formalizados y a su vez li­mita a una sola vez por año calendario la mudanza a otra entidad prestadora de servicios de salud ajena a la de su rama sindical. En los hechos la medida constitu­ye un violento cercenamiento de los derechos indivi­duales y marca un retroceso de 30 años para los traba­jadores argentinos que no tendrán opción y al menos durante el primer año de actividad tras su incorpora­ción deberán permanecer -obligados- en la obra social de su actividad laboral. La cúpula de la CGT, que venía pugnando por restablecer estos grilletes, seguramente respira aliviada, aunque la decisión que tomó la administración de Alberto Fer­nández exuda un tufillo rancio que contamina toda la alharaca de progresismo que cuentan las odas oficiales. El relato del kirch­nerismo según el cual hay un mo­delo que va fundando nuevos de­rechos se ha desvanecido como la libertad de los trabajadores.

El decreto número 438/2021 que se publicó ayer en el Boletín Oficial y que modifica otro decreto que establecía el sistema de libre elección de la obra social, es la respuesta del Presidente de la Nación a un reclamo que le formuló hace dos meses la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en una reunión que mantuvieron en la Quinta de Olivos. Fernández cumplió el compromiso, pero aún falta una segunda parte: el pago de $11.000 mi­llones a las obras sociales para compensar los gastos del rubro discapacidad en educación y transporte. Se trata de dos pedidos que hizo el sindicalismo y que el Gobierno pareciera estar dispuesto a satisfacer para conseguir el apoyo de la central obrera en la campaña. Algunos dirigentes podrían integrar la lista.

Todo indica que la idea en el oficialismo es que la CGT se sume con entusiasmo a la campaña con vista a las primarias de septiembre y las generales de noviem­bre. Por eso se aceleró el DNU -que termina con la libre elección de la obra social- que estaba demorado desde mayo. Los fondos adicionales no tardaran mucho más en salir. 

Por lo pronto el profesor Fernández cumplió con parte de su promesa, estableciendo una obligación para los nuevos trabajadores de permanecer un año en la obra social de su actividad. No importa la edad del empleado ni su trayectoria laboral, una vez blan­queado está atado a la entidad prestadora que maneja el sindicato. Después de un año podrá cambiarse.

Así figuraba en un decreto del año 1998, que fue modificado en 2001 por vía de otro decreto que dio libertad de acción a los traba­jadores desde el primer momento de su incorporación. Ahora el go­bierno kirchnerista vuelve a en­cadenar la opción de obra social. Solo rige para los nuevos emplea­dos. Los que ya están en servicio disponen de un cambio por año. Dirigismo. Fiel al modelo impe­rante.

Por supuesto en el sector de la medicina privada es­tán disconformes pues pierden clientes. Los sindicalis­tas, sin embargo, respiran. Consideran que así se corri­ge la distorsión que provocó la libre elección. Sucede que los trabajadores más jóvenes, sanos y con mejores ingresos eran absorbidos por obras sociales chicas que llegaban a acuerdos con prepagas para derivarles esos afiliados, cuyos aportes quedaban en el sector privado y no iban al sistema de seguridad social, que tiene un componente solidario. Esa modalidad hizo que obras sociales grandes perdieran afiliados.

El problema en realidad es el deficiente servicio de algunas obras sociales y el derrumbe, sin remedio, del modelo solidario que se volvió una fantasía. Una pala­bra hueca, carente de contenido.