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Yerros que parecen mala praxis 

La inflación de junio fue de 3,2% y aunque muestra una desace­leración, ya derrumbó la proyección anual del Gobierno.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) la inflación de junio se ubicó en 3,2% y pese a que muestra una leve desacele­ración desde el pico registrado en marzo, en la primera mitad del año acumuló un aumento de 25,3% destrozando la proyección de un 29% para todo el año que hizo el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Con esa meta inflacionaria se aprobó el Pre­supuesto Nacional, que está vigente, al menos desde lo legal. ¿Qué credibilidad puede tener un instrumen­to de este tipo, que contiene un yerro desproporcio­nado? Una cosa es errar por un par de puntos porcen­tuales, pero equivocarse por casi el doble puede leerse como una impericia. Quizás mala praxis. Como sea, el historiador en eco­nomía y hombre de permanente consulta, Juan Pablo de Pablo, sostiene que ni las empresas ni los particulares, y en ocasiones ni siquiera los organismos públicos, proyectan obras, programas o ac­ciones siguiendo los lineamien­tos del Presupuesto Nacional. En otras palabras se trata de letra muerta, un mamotreto que sirve para establecer una referencia para cumplir con la formalidad, pero no tiene aplica­ción práctica.

Que el Presupuesto oficial de una nación carezca de fiabilidad es un problema serio, sobre todo porque en el mundo donde rige ciertos parámetros de normali­dad, es indispensable tener un Presupuesto confiable. No por nada se denomina la “Ley de Leyes”. Es la co­lumna sobre la que, supuestamente, habrá de verte­brarse todo el andamiaje financiero para ejecutar la gestión de gobierno.

En el caso de Argentina, esa columna vertebral tiene fallas, graves. Planificó un 29% de inflación para todo el año y a mitad de ese año la proyección ya quedó desfasada. Es poco serio y derrumba cualquier aspi­ración de inversión. Frente a este cuadro, de continua incertidumbre, es lógico que todos los actores de la economía entren en un juego de especulación cons­tante pues no hay previsibilidad. O sí, lo previsible es que los precios van a aumentar mucho más de lo pau­tado, entonces el desafío consiste en acertar a cuánto de alto se irán y para no equivocarse (y protegerse) su­ben y suben... “por las dudas”, dicen. Así se entra en una vorágine de especulación que no tiene freno.

Por ejemplo, los datos oficiales (Indec) detallan que en los últimos doce meses, el Índice de Precios al Con­sumidor (IPC) acumuló una suba de 50,2%. Cualquier empresario, industrial grande o pyme, comerciante, incluso algún particular que haya proyectado una inflación inte­ranual -de junio a junio- menor al 50% perdió dinero. Fracaso. 

Esto explica también por qué la mayoría de los gremios, que no establecieron cláusulas gatillo de aumento salarial, han tenido que reabrir sus paritarias para no que­dar atrás de la suba de precios. So­lamente los sindicatos más fuer­tes, y también mejor conectados con la Casa de Gobierno, pautaron mejoras salariales por arriba del 40% anual y en algunos casos lle­gan al 45%. Por caso, los bancarios, camioneros, los empleados de la Anses.

Un hecho que corrobora el fuerte impacto que tie­ne la inflación en los bolsillos de los asalariados es el anuncio que hizo hace dos días el Presidente de la Nación respecto del bono (de $5.000) que recibirán los jubilados y pensionados de la mínima. Es una ad­misión tácita de que los abuelos quedaron atrás de la inflación, pese a los dos incrementos que se estable­cieron siguiendo la nueva ley de movilidad jubilatoria y los dos bonos que ya dieron meses atrás, pero aun así no logran empardar.

Este es acaso el mejor ejemplo del desaguisado del Presupuesto Nacional que afecta directamente a la economía doméstica.