Confirman condena a banda que lavaba dinero narco
La Camara de Casación Penal de la Nacion rechazó los planteos del grupo que regenteaba la automotriz RR VIP, juzgada en Corrientes en 2018.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de los acusados de lavado de activos del narcotráfico y ratificó las condenas dictadas en 2018 por el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
El grupo está acusado de haber montado empresas para incorporar al sistema legal unos 158 millones de pesos originados en la venta de drogas. Pero, en el juicio, los involucrados denunciaron que el juez que los investigó habría comercializado ilegalmente los vehículos que les había incautado de una concesionaria de autos de alta gama, lo que dio origen a una causa que involucra a funcionarios judiciales y a otros empresarios. Fundados en estas irregularidades, los imputados elevaron una apelación a la Cámara Federal de Casación, y los jueces Alejandro Slokar -como presidente-, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci rechazaron los planteos, confirmando así la condena a una banda, integrada por siete personas, que lavaba activos provenientes del narcotráfico.
En marzo de 2018, el Tribunal Oral Federal de Corrientes los había condenado con penas de hasta 13 años de prisión. Para los jueces de Casación las penas impuestas por el Tribunal fueron graduales y fundadas, de acuerdo a la participación que tuvieron las personas condenadas en el hecho delictivo. El tribunal revisor tuvo por probado que los imputados guardaban vínculo con sujetos que se dedicaban al tráfico de estupefacientes y habrían prestado colaboración en hechos de transporte, todo lo cual -indicó- constituye una serie de indicios con fortaleza suficiente para inferir que el dinero que se ponía en circulación, a los fines de darle una apariencia legal, procedía de esa labor. Por otro lado, se acreditó la existencia de sociedades comerciales, entre ellas una automotriz en la que comercializaban vehículos de alta gama en la ciudad de Posadas, y que funcionaba en un edificio en el que hoy existe una oficina de la Gendarmería.
El tribunal correntino en 2018 le impuso a Roberto Eduardo Rodríguez, identificado como el líder de la organización, una condena de trece años de prisión, mientras que su madre, Elba Aquino, su ex pareja Romina Sosa y su socio José Rafael Glibota recibieron diez años de prisión. Asimismo, a María de los Ángeles Herrera -pareja de Glibota-, Daniela Villalba -ex pareja de Rodríguez- y Rosa Gladys Ramos -cuñada de Rodríguez- se les impusieron condenas de cuatro, seis y ocho años de prisión, respectivamente.