Itatí, otro jalón de la impunidad

Diez hombres, entre ellos tres que se desem­peñaban como miembros activos de fuerzas de seguridad (Policía de la Provincia de Co­rrientes y Policía Federal Argentina) fueron condenados a penas de entre 7 y 17 años de prisión en el epílogo del juicio por el denominado Operativo Sapucay, que en 2017 permitió desbaratar una banda dedicada al narcotráfico que operaba desde la ciudad de Itatí. La droga llegaba desde el Paraguay, aprove­chando la fragilidad de la frontera y se transportaba hasta el Conurbano bonaerense. Así, bajo las narices de las autoridades locales crecía un foco delictivo con el concurso de funcionarios polí­ticos, uniformados, comerciantes y hasta vecinos.
Los cortinados de la fe, en el pueblito donde se erige la Basíli­ca de Itatí, patrona de los corren­tinos, venerada por miles de fie­les católicos en todo la Argentina, brindaban el camuflaje ideal para el funcionamiento de la factoría narco. La marihuana ingresaba desde el país vecino a través del río Paraná y circulaba intensa­mente por las rutas provinciales rumbo a las grandes capitales. El tráfico estaba asegurado, contaba con protección; y además la comunidad le proveía de mano de obra ba­rata. Secuela de la pobreza.
La advertencia de la Iglesia correntina repiqueteó muchas veces -y sin éxito- antes de que la Justicia foránea se ocupara del tema. Cuando NORTE de Co­rrientes salió a las calles (en julio de 2012) el pedido del clero ya era un grito desesperado, de hecho en el primer ejemplar de este diario hay mensajes concre­tos de reclamo por el avance del narcotráfico en Itatí. Tuvo que pasar más de un lustro para que los investi­gadores derribaran el cerco de impunidad que cubría el negocio. 
Es parecido a lo que sucede con el predio del Gau­chito Gil, en Mercedes, donde un episodio criminal, que le costó la vida a un hombre joven y a su padre, permitiera correr el velo de la usina delictiva. 
La casualidad hizo que en medio del escándalo en el Paiubre, también tocara a su fin el juicio por la causa Sapucay. El debate oral y público, que se volvió mara­tónico ya que comenzó el año pasado estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3 de Buenos Aires. 
La llamada Operación Sapucay derivó de una serie de procedimientos contra la venta de droga en barrios de emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai­res y a través de escuchas telefónicas y otras eviden­cias se rastreó a la banda hasta Itatí en Corrientes. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2017, en el “contexto de una aso­ciación criminal con permanencia en el tiempo”, sostuvo la fiscalía, que remarcó la “capacidad logís­tica que tenía esa organización de abastecer de marihuana prove­niente del Paraguay”. La investiga­ción fue dirigida por el entonces juez federal Sergio Torres, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, quien en marzo de 2017 ordenó allana­mientos y detuvo a 26 de los acu­sados.
Pasaron cuatro años y la Justicia dictaminó culpabi­lidades apenas para un puñado de involucrados, suce­de que de los más de 30 imputados que llegó a tener la causa solamente doce fueron a juicio y diez recibieron sentencia. Entre ellos Carlos Bareiro, considerado jefe de la banda, también tres ex uniformados, Diego Os­valdo Ocampo Alvarenga, comisario de Itatí, (9 años y 6 meses); Rubén Ernesto Ferreyra, subcomisario y subjefe de la Delegación Corrientes de la Policía Fe­deral y Carlos Víctor López, sargento de dicha delega­ción (9 años para cada uno, más inhabilitación).
Otros 25 imputados acordaron juicios abreviados que ya fueron avalados, entre ellos el entonces inten­dente de Itatí, Natividad “Roger” Terán que quedó li­bre el año pasado. El resto igual o cerca. ¿Es justicia?
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