Funcionarios serían demandados por mujeres que fueron absueltas

Tras la finalización de la causa en la que se investigó el supuesto tráfico de 15 to­neladas semanales de ma­rihuana desde Itatí a siete provincias argentinas, dos mujeres que habían sido detenidas durante más de tres años, pero que resulta­ron absueltas, accionarían contra los funcionarios que las involucraron injusta­mente.

Se trata de Silvina Sole­dad Ayala y Angélica Vivia­na Saucedo, quienes habían sido apresadas en 2017, en el contexto del gran opera­tivo policial que el Ministe­rio de Seguridad de la Na­ción -entonces conducido por Patricia Bullrich- bau­tizó “Operativo Sapucay”, acusadas del delito de co­mercio de material estupe­faciente, agravado por la in­tervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de edad, en con­curso real con asociación ilícita.

Lo que se les atribuía era, supuestamente, el hecho de haber prestado sus nom­bres para la compra de ve­hículos que luego habrían de ser usados para el tráfico de drogas y de haber inter­venido en transacciones de ese material.

Con base en estas acu­saciones, habían sido tras­ladadas a unidades carce­larias de la provincia de Buenos Aires, donde se les ofreció acceder a un juicio abreviado, en el que de­bían declararse culpables de esos cargos a cambio de cumplir una condena de cuatro años. Ellas recha­zaron esa negociación y prefirieron ir a juicio oral y público, proceso que culmi­nó el 11 de octubre del año pasado. En el juicio, el Tri­bunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Bue­nos Aires consideró que no había pruebas para demos­trar la ocurrencia de esos delitos, por lo que se las declaró inocentes de todos los cargos.

Pero ahora, ambas anali­zan ir a la Justicia contra los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y los jueces que las encarcelaron, como también contra el Estado argentino. “Estas perso­nas fueron dañadas en su imagen, en su salud, se las separó de sus hijos, de su familia. Se las destruyó mo­ralmente en forma injusta por la inoperancia de los funcionarios y, por tanto, deben recibir un resarci­miento”, explicó el abogado Jorge Adrián Barboza.

El mismo letrado sostuvo que “ellas ahora se están recomponiendo de un duro golpe, la pasaron muy mal y están tratando de recupe­rar el tiempo con sus hijos y sus afectos. Oportuna­mente accionarán contra los funcionarios”, remarcó el letrado. En este contexto también cuestionó el accio­nar de los fiscales, quienes habían propuesto a sus de­fendidas una pena a cam­bio de declararse culpables de hechos que, finalmente se probó, no habían come­tido. “Parece ser que para algunos más vale un buen acuerdo con el fiscal que un juicio con todas la garan­tías”, sostuvo