Qué chances tiene el juicio político a Alberto Fernández
A la par de una denuncia penal que fue presentada en la Justicia ordinaria, en el Congreso de la Nación, puntualmente en la Cámara de Diputados, entraron dos pedidos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández a raíz de las escandalosas contravenciones que se habrían cometido en la Residencia Oficial de Olivos durante el período más estricto de la cuarentena el año pasado. Una de esas presentaciones la formalizó un grupo de diputados de Juntos por el Cambio que le imputa a Fernández mal desempeño de sus funciones y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El desencadenante de la embestida opositora fue la viralización de las fotos del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, el 14 de julio de 2020. El pedido lleva las firmas de Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Jorge Enríquez, Luis Petri, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, David Schelerth, Pablo Torello, Francisco Sánchez, Adriana Cáceres, José Luis Patiño y Héctor Stefani. A su vez, las autoridades del interbloque opositor, que encabeza el radical Mario Negri, impulsaba otro pedido de juicio político.
La oposición pareciera haber cerrado fila sobre este asunto, pero llamativamente Elisa Carrió desistió de participar. Según dijo en declaraciones a la prensa, que no es saludable enjuiciar a un presidente en medio del proceso electoral. No obstante aclaró que una vez superadas las urnas, su partido (la Coalición Cívica) también impulsaría el juicio político.
Por lo pronto, el pedido que ya ingresó a la Cámara baja es por las causales de mal desempeño en la gestión de la pandemia que ahora se suma a la comisión de un delito común, pero de extrema sensibilidad para todos los argentinos, de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal.
El proceso de juicio político se basa en la Ley Orgánica sobre Juicio Político, que rige este procedimiento a partir de lo que plantea la Constitución nacional en tres de sus artículos: 53, 59 y 60. El proceso incluye que el presidente de la Cámara baja remita la denuncia a la Comisión de Juicio Político, y su titular deberá citar al denunciante o ratificarla. Luego, la Comisión de Juicio Político deberá analizar la denuncia y pronunciarse: puede decidir avanzar o descartarla, aunque también tiene entre sus atribuciones requerir informes, documentos o expedientes a las autoridades; tomar declaraciones a testigos o peritos, quienes lo harán ante el presidente de la comisión, pudiendo concurrir los diputados que lo estimen conveniente. A continuación, corresponde el tratamiento en el recinto y allí el pedido de juicio político debe contar con el aval de las dos terceras partes de los miembros presentes.
El hecho es que, a priori, la oposición no tiene números suficientes en la Cámara baja para conseguir una mayoría agravada (dos tercios), por lo que el pedido contra el Jefe de Estado pareciera tener destino de fracaso. Pero, no se sabe, podría haber sorpresa. Al respecto, el diputado nacional Jorge Enríquez (PRO) afirmó: “Se necesita una mayoría agravada, pero cuando fue la masacre de Cromañón también se decía que el juicio político contra (el entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal) Ibarra no iba a avanzar. No es algo por fuera de los mecanismos legales, sino que está en la Constitución”. Y advirtió: “Hay muchos diputados que ahora están haciendo un análisis de conciencia profundo”.
Por su parte, la precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal reconoció que la oposición no cuenta con los números para avanzar con el pedido de juicio político contra el Jefe de Estado, pero remarcó que sí pueden impulsar la comisión investigadora: “Vamos a poder pedir informes de todo” lo que ocurrió