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Se reglamentó la Ley del Aborto

El Gobierno reglamentó la legaliza­ción del aborto y la Ley de los Mil Días, a casi nueve meses de haber sido san­cionadas en el Congreso. A través del Decreto 516/2021, publicado ayer en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional culminó los procedimientos legales en lo que hace al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

El aborto ha sido por muchísimos años un problema de salud pública en la República Argentina, principal­mente, por las condiciones en que se producía y por las desigualdades geo­gráficas, económicas y sociales. Dichas condiciones de inseguridad provocan daños en la salud y en la vida de las mujeres y otras personas gestantes, así como muertes evitables”, subrayó el presidente Alberto Fernández en el texto difundido.

La ley de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsada durante décadas por el colectivo de mujeres, fue sancionada durante una histórica sesión del Senado el 30 de di­ciembre de 2020, lo que le puso punto final al tramo legislativo de la iniciati­va. En aquella misma jornada también se había aprobado la Ley de los Mil Días. Dos semanas más tarde, el Presi­dente promulgó la norma.

Dicha reglamentación precisa de qué manera se va a llevar a la práctica el “ejercicio del derecho a la confidencia­lidad” como también se establecen “las condiciones de otorgamiento del con­sentimiento informado”. También se dispone cómo se aplicará el contenido de la Ley 27610 en el marco de “la si­tuación de las personas con capacidad restringida” y se fijan cuáles serán “los supuestos en los cuales los o las profe­sionales de la salud no podrán alegar objeción de conciencia”. 

En el caso de la objeción de concien­cia, se establece que “el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de emergencia, cuando la práctica deba realizarse en forma urgente, pues su no realización inmediata pondría en riesgo la salud física o la vida de la per­sona gestante”.

Otra de las obligaciones que estable­ce la reglamentación es “el deber de confidencialidad” que debe cumplir “toda persona que acceda a la docu­mentación clínica de las prestaciones reguladas” por la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria, por lo cual ningún profesional de la salud “podrá entregar información obtenida en el marco de la atención sanitaria a nin­guna persona, salvo que exista orden judicial expresa”.

En cuanto a la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, cono­cida como “de los Mil Días” contempla un programa de acompañamiento a la maternidad desde el embarazo hasta los primeros años de vida del niño, se destaca la creación de una Asignación por Cuidado de Salud Integral: es una nueva asignación universal que con­siste en el otorgamiento de tres pagos anuales consecutivos por cada niño o niña menor de 3 años de edad que se encuentre a cargo de la persona ges­tante. A su vez, la Asignación Universal por Embarazo, que se abonaba men­sualmente en seis períodos, pasará a pagarse en 9 mensualidades.