La postergación de los mayores

A partir de septiembre los jubilados y pensio­nados nacionales recibirán un 12,39% de au­mento en sus haberes, lo que significa para aquellos que cobran la mínima unos $2.857 más en el bolsillo ya que el salario pasará de $23.065 a $25.922. La mejora, en término nominal, varía se­gún la escala. A sueldo más alto, mayor es la cifra de incremento. El techo de los haberes para la clase pasiva alcanza $174.433, en tanto la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo será de $5.063. La actualización, conforme lo estipula la nueva Ley de Movilidad, regirá por tres meses, es decir hasta noviembre.

Este esquema que le da previsibilidad a la evolución salarial de jubilados y pensiona­dos despeja cualquier expectativa respecto de la comparación con la inflación porque ya sabe cuál es la proyección de sus haberes mientras los precios siguen en evolución constante. En el primer semestre ya perdieron contra la inflación, las jubilaciones queda­ron aproximadamente cinco pun­tos porcentuales atrasadas. El IPC acumulado dio casi 26% mientras los salarios de los abuelos tuvie­ron una suba de poco más del 21%.

Agregado el 12,39% que se definió para el trimestre septiembre-noviembre de un acumulado anual del 36%, la inflación -dicen los que pronostican- habrá de perforar la barrera del 40%, algunos hablan de que llegaría al 45%. De cualquier modo es prácticamente un hecho que los jubilados y pensionados no le van a ganar a la suba de precios, en el mejor de los casos con algún anabólico en forma de plus le podrían igualar.

Resulta doloroso admitir que la expectativa de las personas mayores cuya vida depende de la seguridad social del Estado se esfuma casi a mitad de año. En tér­minos salariales el 2021 está perdido. Mala noticia y no es gratificante difundirla.

A qué se debe esto, sin dudas al derrumbe económico de la Argentina. La crisis que afecta al país desde hace por lo menos un lustro, pero comenzó mucho antes, tal vez una década atrás.

En un análisis más específico, el salario de los jubila­dos crece poco no solo porque la inflación está descon­trolada y es muy alta, sino porque la fórmula que impu­so para calcular la movilidad depende de dos factores que tienen poca fortaleza respecto de la evolución de los precios. Uno de los índices que se tiene en cuenta es el crecimiento de los salarios formales -los trabajadores en blanco-, el otro índice es la recaudación de la Anses. Ambos están atados a las mismas variables.

Si no aumentan los sueldos de los trabajadores for­malizados, y cada vez hay menos trabajadores en blan­co, no crece la recaudación de la Anses. Consecuencia, los dos in­dicadores que mueven el haber jubilatorio no tienen capacidad de empuje, mientras en paralelo los precios y tarifas corren su propia carrera.

Así las cosas, la movilidad jubi­latoria -sin el componente infla­cionario para determinar mejoras- está presa en un círculo que en los hechos no es virtuoso. A eso hay que sumar que los haberes están planchados, son muy bajos. Por eso el 12,39% no alcanza y se po­dría decir que casi ningún porcentaje resultaría satis­factorio porque el punto de partida es el subsuelo. 

Con $25.922, que será el nuevo parámetro de la ju­bilación mínima, los abuelos ni siquiera encuadran dentro del Salario Mínimo, Vital y Móvil que se debería abonar a un trabajador en blanco que recién inicia. Más lejos está de cubrir la Canasta Básica Total que define el Indec para no ser pobre. Esa canasta -según medición oficial- demanda ingresos mensuales por algo más de $62.000. Dicho esto, todos los jubilados de la mínima son pobres. Incluso están cerca del rango de la indigen­cia. 

En estas condiciones hay 7 millones de abuelos en el país. Un tema, estructural, que no se aborda en cam­paña.