El profesor Fernández invoca para su defensa la figura del peligro abstracto

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, que ade­más de político rentado es abogado y profesor en la Fa­cultad de Derecho de la Uni­versidad de Buenos Aires, asumió su propia defensa en la espinosa causa penal que lo tiene como principal imputado por la celebra­ción del cumpleaños de “la querida Fabiola” Yáñez, tal la calificación que él mismo le dio a la Primera Dama. El punto es que el Jefe de Es­tado se considera inocente, o algo parecido a eso. Tam­bién se podría interpretar de su argumentación que es un “culpable abstracto”, figura inexistente en el Có­digo Penal, pero con el cual se podría innovar a partir de la fundamentación que despliega en un escrito de 36 páginas que presentó al juez Sebastián Casanello.

Resulta complejo decodi­ficar el enredo; sucede que el profesor Fernández plan­tea su sobreseimiento por­que considera que “no hubo maniobra dolosa sino un acto de imprudencia” y por lo tanto la infracción que co­metió -él y todos los invita­dos- deviene en un “peligro abstracto”. Sin embargo, el Presidente propone al ma­gistrado que entiende en la causa un acuerdo a manera de resarcimiento: donar la mitad de su sueldo a un hos­pital porteño, el Instituto Malbrán.

¿Qué es el sobreseimien­to? Es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal, suspendiendo un proceso por falta de cau­sas que justifiquen la acción de la Justicia. Podría ser, por ejemplo, por falta de prue­bas que sustenten la acusa­ción de un delito. 

Dicho de otro modo, es una especie de perdón, no porque no haya delito, sino porque no hay forma de pro­barlo. Bueno, Fernández, el Presidente abogado, dice que no hubo delito, pero no plantea su inocencia sino un sobreseimiento. Y para completar ofrece una repa­ración. ¿A quién y por qué?

Si no hubo delito y por lo tanto no cabe sentencia de culpabilidad, cuál es el sen­tido de ofrecer un donación. Alberto Ángel Fernández entra así al resbaladizo te­rreno de la contradicción, además de pecar con el au­toritarismo de erigirse en juez y parte. La reparación económica, si es que cabe, la tiene que dictar el juez, no el Presidente en calidad de imputado.

El detalle curioso de la de­fensa de Fernández, es que invoca la figura del “peligro abstracto”, que sí existe en el Código Penal, pero tiene poco uso porque es un re­truécano no sólo legal sino existencial. Es difícil hallar un buen ejemplo del peligro abstracto para justificar el procedimiento de los ocu­pantes de la Residencia de Olivos.

Ayer, el Jefe de Estado vol­vió a hablar del caso, y dijo: “No esperé que me citen, ni busqué influenciar a un juez ni busqué un abogado lob­bista. Me presenté espontá­neamente y dije lo que creo que jurídicamente ocurrió. Ya di las explicaciones, fue algo que no debió haber ocurrido”.

Imputado

El fiscal federal Ramiro González le notificó for­malmente al presidente Alberto Fernández que está imputado en la cau­sa por la celebración del cumpleaños de su pare­ja, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos duran­te la primera etapa de la pandemia, cuando regía una cuarentena estricta.

González formalizó la imputación “a los fines de garantizar debidamente sus derechos de defensa”. Y apeló a una fórmula contenida en el Código Procesal Penal, que es­tablece los derechos del imputado y representa una suerte de invitación a formular descargo y proponer pruebas. El resolutorio del fiscal, el jueves pasado, se produ­jo en simultáneo con la presentación del escrito del Presidente pidien­do su sobreseimiento y ofreciendo, subsidiaria­mente, donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. Dicho de otro modo, el Jefe de Estado se adelantó a la manio­bra de la Fiscalía y táci­tamente asumió la con­dición de imputado en la causa. Ayer reveló que el paso procesal de imputa­ción no era una “sorpre­sa”. Señaló que “Clarín y La Nación lo vienen po­niendo en tapa hace dos semanas, no hacía falta que me notificaran”. La causa está radicada en el Juzgado Federal Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, quien recibió el escrito del Presidente pidiendo su sobresei­miento, y lo trasladó al fiscal González para su análisis y dictamen.s

EL PRESIDENTE ESTUVO AYER EN LA PAMPA EN RECORRIDA DE GESTIÓN.

Los abogados famosos contratados por la “fiesta”

Otras dos amigas de la primera dama, Fabiola Yáñez, que asistieron a su celebración de cumpleaños en la Quinta de Olivos en junio de 2020, en el momento más estricto de la cuarentena, desistieron de la defensa co­mún y eligieron al abogado Fernando Burlando para que las represente. Se trata de las hermanas Florencia y Ro­cío Fernández Peruilh, quienes inicialmente estuvieron representadas en la causa por los abogados Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo.

Fioribello es el abogado de Fabiola Yáñez en otras causas penales, entre ellas una en la que recientemente obtuvo una sentencia favorable en el reclamo contra un editor de un portal de noticias por expresiones injurian­tes contra ella y contra el hijo del presidente, Alberto Fernández. 

Las hermanas Fernández Peruilh prescindieron de sus servicios y designaron al estudio del mediático Burlando, incluyendo en su defensa a su socio, Fabián Améndola. El jueves, los abogados anteriores presen­taron un escrito ante el juez Sebastián Casanello con­signando que dejaban la defensa por “serias diferencias en la estrategia defensista”, por lo tanto desistieron del patrocinio. La incorporación de Burlando le suma rating (por si hacía falta) a la historia. Otro mediático, Mauricio D’Alessandro, ex diputado PRO, representa a otra parti­cipante del cumpleaños.