La constitucionalidad de los DNU de Alberto Fernández

El fiscal federal Ramiro González pidió desestimar el planteo de inconstitucionalidad -de una de las invitadas al cumpleaños de Fabiola Yáñez- sobre el decreto presidencial que impuso el aislamiento obligatorio.

Es en la causa que investiga si el presidente Alberto Fernández, la primera dama y otros nueve imputados violaron el DNU que estableció la cuarentena estricta al participar de una fiesta VIP en la quinta presidencial de Olivos.

El festejo se realizó el 14 de julio de 2020. Estefanía Domínguez, invitada y amiga de Yáñez, había presentado un escrito a través de su abogado, Mauricio D’Alessandro. Tras el rechazo del fiscal, ahora quien define es el juez Sebastián Casanello. El fiscal González formalizó la imputación contra el mandatario por haber participado del cumpleaños de Fabiola Yáñez, lo que supone el incumplimiento de un decreto que él mismo firmó y que prohibía las reuniones sociales.

Imputó también a nueve invitados a la fiesta, por la posible comisión de un delito vinculado a la supuesta violación de medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus.

Minutos antes de conocerse la imputación, el jefe de Estado se había presentado ante la Justicia por esta causa “por derecho propio y sin abogado”. Allí reclamó que la denuncia sea desestimada: “Ante la inexistencia de un resultado lesivo es que pongo a consideración la insignificancia penal (no social o moral) del comportamiento denunciado que no ha lesionado el bien jurídico tutelado por su atipicidad o falta de antijuricidad material”.

Según consta en el escrito presentado, aseguró: “Es necesario aclarar que de ninguna manera se relajaron,

evitaron u omitieron las medidas de cuidado de rigor. Y que en ningún caso se concretó el contagio propio, de los presentes, o de terceros. De aquí proviene la estimación referida a que, si se hubiera infringido alguna medida sanitaria, no se ha creado ningún peligro concreto de propagación del covid-19”. El mandatario propuso donar la mitad de su salario al Instituto Malbrán durante cuatro meses consecutivos para “reparar el daño potencial que se hubiere causado”, y reclamó que si se llega a este acuerdo se dicte el  sobreseimiento”.

Al igual que Fernández, la defensa de Yáñez prepara un escrito en el que planteará que no hubo delito penal y propondrá una reparación económica, que podría servir para extinguir la acción penal por conciliación o reparación integral.s