Jéssica Rodríguez: “Tengo miedo, porque van a venir a matarme”

La esposa de Sergio Can­teros, quien fue asesinado junto con su padre Julio frente al predio donde se halla el santuario del Gau­chito Gil, el Mercedes, cla­ma por más protección por­que, según dijo, teme que la maten.

La mujer, Jéssica Rodrí­guez, es madre de dos ni­ños con quienes tuvo que trasladarse a otro lugar a vivir por temor a ser ataca­da. “Yo ahora me quedé sola con mis hijos. Estoy sola, luchando contra una mafia y tengo miedo, porque van a venir a matarme o van a ma­tar a alguien de mi familia”, sostuvo.

Explicó que decidió irse porque se siente insegura. “Entraron a mi propiedad a matarlo y ahora no me sien­to segura en ningún lado”.

Y, con relación a esto, aclaró que luego de trasla­darse a la vivienda de un familiar se le fijó una cus­todia policial, pero sostuvo que estos numerarios no la escoltan, sino que sólo la cuidan cuando está en el in­mueble. “No tengo custodia móvil, sino que sólo me cui­dan en el lugar en que esta­mos viviendo. Tengo miedo de que si salgo a la calle me maten”, indicó.

Lamentó, sin embargo, que esta protección sólo es para ella y sus hijos. “Mi suegra no tiene protección. Ella sí que está sola”.

Pidió además que se ahonde en las investigacio­nes y que las imputaciones también alcancen a otras personas que podrían haber participado en este doble crimen. “Hay diez deteni­dos, pero cuando nos ataca­ron eran como 20”, dijo.

Cabe recordar que el fis­cal Adrián Casarrubia lleva adelante la investigación y ordenó la detención de una decena de personas -hom­bres y mujeres- que habrían participado del brutal ata­que ocurrido el 9 de agosto pasado. El funcionario, ade­más, avanza en la búsqueda de más pruebas para reali­zar las imputaciones.

Por otra parte, el Gobier­no de Corrientes intervino la asociación de vendedores que administra el predio del santuario y nombró como interventor a Víctor Isnar­do, quien se aboca a reor­ganizar el lugar, controla la administración y representa a los vendedores de manera institucional. Mientras la causa penal por el crimen se desarrolla en el ámbito de la Justicia provincial, existe otra, pero en el fuero fede­ral. Esta última está relacio­nada con la cuestión de uso del terreno que se halla al costado de la Ruta Nacional 123.

Es por una denuncia que hizo la Dirección Nacional de Vialidad hace 20 años, pero que nunca tuvo una re­solución. 

La entidad dio a conocer que los puestos de venta se hallan en un terreno que pertenece al Estado Nacio­nal y donde hay peligro por su cercanía con la Ruta Na­cional 123. Pide que se reti­ren esos stands.

Es por ello que actual­mente se está acondicio­nando un terreno para ins­talar provisoriamente allí los negocios hasta tanto se pueda realizar construccio­nes en un lugar más aparta­do de la calzada.

Por su parte, la Municipa­lidad de Mercedes ofreció a las familias que tienen viviendas en el predio del santuario que dejen esos lugares y otorgó una cola­boración monetaria para pagar los alquileres de las casas a las que se trasladen. Además, ofreció construir­les viviendas en otro lugar de la ciudad, para que no vuelvan a radicarse en ese sector.

Todos estos acuerdos fueron establecidos en una audiencia conciliatoria rea­lizada en Paso de los Libres en la oficina del juez federal de Paso de los Libres, Gusta­vo Fresneda.s