El Presupuesto que nació muerto

l economista, catedrático, investigador de los procesos económicos de la Argentina y la re­gión, Juan Carlos de Pablo, autor de varios libros de consulta, tiene un par de frases de cabecera con la que ilustra al vulgo -donde se acomo­da buena parte del periodismo-, dice: “No conozco a ningún empresario, ni grande ni chiquito, ni tampoco a ningún ciudadano que tome decisiones económicas basadas en el Presupuesto Nacional”. Se refiere, por supuesto, al Presupuesto oficial de la Argentina. Ilus­trativa enunciación que suele complementar con una definición tajante sobre la denominada Ley de Leyes: “Es un verso, porque nunca se cumple, no recuerdo a mi edad (tiene 77 años) un go­bierno que haya cumplido con el Presupuesto”. Así, cada vez que tiene oportunidad ante la pren­sa desinfla cualquier expectativa sobre el cálculo de ingresos y gas­tos que los presidentes mandan al Congreso para su aprobación. Los hechos, tanto en la gestión de Mauricio Macri como ahora en la de Alberto Fernández -por tomar sólo los dos últimos- han certifi­cado la afirmación del economis­ta.

Con su característica verborra­gia, De Pablo explicó en 2019 (gobierno de Macri): “Yo tuve en 1964 un gran profesor de Finanzas Públicas que fue Cayetano Licciardo, que nos metió en la sangre varios principios básicos, uno de ellos era que el Pre­supuesto es una autorización de gastos y pronóstico de ingresos, así que el déficit o el superávit no sé bien lo que es... Un diputado puede votarte tantos bombe­ros, tantas maestras, tantos enfermeros, cuánto per­sonal vas a tomar y cuánto le van a pagar, pero votar un pronóstico de ingresos, ¿de donde salió?”. Aquella explicación se adapta perfectamente a este 2021. No ha perdido vigencia. 

Sucede que el gobierno de Alberto Fernández vol­vió a modificar el Presupuesto Nacional de este año, esta vez por $107.749 millones, que en su mayor parte se destinarán al Tesoro Nacional y cuatro Ministerios, uno de ellos Desarrollo Social, ahora en manos del in­terventor del PJ correntino, “Juanchi” Zabaleta.

La medida se formalizó por medio de la Decisión Administrativa 894, publicada ayer en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán. En 208 planillas, el Poder Ejecutivo dispuso otorgar partidas adicionales a los ministerios de Desarrollo Social por $35.691 millones; Obras Públicas ($20.722 millones); Salud ($20.182 millones); Tesoro Nacional ($19.582 millones) y Economía ($6.651 millones). Es el décimo refuerzo presupuestario en lo que va de 2021.

Diez modificaciones en nueve meses. El profesor De Pablo po­dría repetir sin ruborizarse su ca­lificación sobre ese mamotreto de números. El hecho es que ya se su­maron $1,1 billones al Presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación.

Ahora, dicen, por la necesidad “de atender gastos inherentes al funcionamiento” de diversos or­ganismos del Estado Nacional, el Gobierno amplió las partidas de determinadas áreas de la adminis­tración federal. De esta manera el estratégico Ministerio de Desarrollo Social fue benefi­ciado con más dinero para “Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes”.

No hay que perder de vista que el agregado de recur­sos, que saldrá de la emisión, se produce a cinco días de las elecciones Primarias que marcarán el camino a las legislativas de noviembre. En verdad no hay mucha sorpresa en la maniobra oficial. Además el Presupues­to Nacional nació con poca expectativa de vida al fijar una meta de inflación del 29%. A poco de andar y sin una política económica consistente, estaba claro que las pautas del Presupuesto no eran congruentes con la realidad; por eso, diría el profesor De Pablo, nadie toma decisiones basadas en el Presupuesto Nacional, que elabora el Gobierno y que vota el Congreso.