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Asistencialismo y radicalización

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se empantana en un falso dilema que le permita salvar un resultado electoral. El costo para el país podría ser enorme.

El Ministerio de Economía no sufrirá cambios, la composición del Gabinete nacional se man­tendrá como hasta ahora y el plan económico -que en realidad no es tal- experimentará algu­nos retoques para profundizar el perfil asistencialista con el objetivo de poner plata en el bolsillo de la gente y así estimular la simpatía del electorado con vista a las legislativas de noviembre próximo. En síntesis, esta es la estrategia del gobierno de Alberto Fernández para encarar la campaña cuesta arriba después del durísimo traspié del domingo pasado en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). El profesor (de De­recho) que ejerce el cargo de Jefe de Estado considera que la salida es política y que el paquete de medidas económi­cas, que anunciaría mañana, son subsidiarias para ese objetivo de corte electoral. Su jefa en la alian­za gobernante, la vicepresidenta Cristina Kirchner, no opina lo mismo. La señora sería partidaria de una radicalización del modelo, al menos eso dicen los voceros de su sector que hablaron en las úl­timas horas y que parecieran ex­presar el pensamiento de la dueña de los votos del oficialismo. Así las cosas, el futuro del Gobierno, y por extensión obligada el destino de la Argentina, se dirime entre la prebenda y el fanatismo.

Si en verdad estas son las variantes que manejan las autoridades, el panorama es ciertamente poco alenta­dor. Cualquiera de las dos vías supone un más desequi­librio estructural y renovado sacrificio después de las urnas. 

Es verdad que queda poco margen de maniobra para lograr revertir lo que se presenta como una opinión consolidada (del electorado nacional) en contra de la administración del neokirchnerista Alberto Fernán­dez, pero las dos opciones que están en carpeta única­mente garantizan más problemas a futuro, aunque en el corto plazo, de aquí a noviembre, consiga mejorar los números en las urnas. 

El país ha pagado ya un alto costo por el desbarajuste en la gestión, acentuar la marcha por el sendero que se ha transitado evidencia una pertinaz obcecación que podría interpretarse como mala praxis política.

Prácticamente todos los economistas, sin importar su simpatía política (que las tienen), coinciden en que el cuadro de situación es tan delicado que no hay es­pacio para las quijotadas. Crisis de larga data (recesión más inflación), abultada deuda externa y pandemia con una desafortunada gestión oficial han dado como resultado este escenario endeble desde el punto de vista económico. No se soluciona en 90 días, pero el Gobierno (Alberto + Cristina) necesitan salvar la ropa en la próxima parada electoral, que es determinante porque sirve para asignar cargos en el Congreso de la Nación. 

Ahora bien, lo que tiene en men­te el Presidente es subir salarios y jubilaciones (quizás por decre­to), implementar otra asignación universal pero para aquellos que cobraban el IFE y establecer algu­nos mecanismos de compensación para incentivar el consumo. La idea -ramplona- es que la gente sea feliz por un par de meses y se entu­siasme tanto como para ir a votar, pero eso no es un programa, son objetivos y parches económicos.

No está en los planes de la Casa Rosada dar señales consistentes para ordenar la economía. No lo puede hacer, aunque quisiese. Por más que atienda el reclamo -insistente- que hace el kirchnerismo y decida despe­dir al ministro Martín Guzmán y poner otra figura en el Ministerio de Economía, no habrá solución inmediata. 

Los milagros en economía llevan años, no son es­pontáneos. Por eso, el profesor y su jefa política pujan por definir el rumbo en función de un interés electoral. No dejan de mirar únicamente a su segmento de votan­tes, que otra vez volvió al piso/techo del 30%. 

Fuera del asistencialismo y la radicalización, hay un país que espera un destino mejor