Jueza procesó a fiscal como líder de banda que robaba a narcos

El fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, fue pro­cesado ayer por la Justicia federal como jefe de una asociación ilícita integrada también por policías que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcotrafi­cantes con causas armadas. Un despacho de la agencia Télam consignó que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dictó el pro­nunciamiento donde ade­más trabó sobre los bienes de Scapolán -quien está sus­pendido pero no está preso, por sus fueros- mediante un embargo por dos mil millo­nes de pesos.

En la resolución la ma­gistrada procesó a Scapolán por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimo­nio agravado, uso de docu­mento público falso, false­dad ideológica de documen­to público reiterada, sustrac­ción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercializa­ción doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funciona­rio público. Asimismo, Arro­yo Salgado mantuvo para Scapolán la prohibición de salida del país.

Dada la imposibilidad de detener por el momento al funcionario judicial, la magistrada dispuso diferir su eventual arresto “hasta tanto se resuelva el des­afuero” del imputado. Por ello, requirió a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires “la formación del proceso de enjuiciamiento y con­secuente remoción” del re­presentante del Ministerio Público. También dispuso que se le confiera “inmedia­ta intervención” al procura­dor general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, ya que dadas sus fa­cultades como jefe de todos los fiscales bonaerenses, la jueza menciona que puede disponer “la remoción” con­tra un integrante subalterno “que haya incurrido en he­chos o conductas que den lugar a su enjuiciamiento”.

“Esta pesquisa logró des­enmascarar que las herra­mientas y potestades que muchos de los funcionarios ostentaban fueron utiliza­das ilícitamente para in­fundir temor en sus vícti­mas, actuar con aparente impunidad en el marco de los procesos penales y dis­torsionar la realidad de los hechos”, señala uno de los párrafos de la resolución de la jueza federal. Arroyo Sal­gado sostuvo que la banda actuaba “con el objetivo de sustraer material estupefa­ciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico (...) e inventar y/o plantar pruebas”.

Desde que se hizo el pri­mer allanamiento en la causa, en julio de 2020, Sca­polán fue apartado de sus funciones, pero hasta que no avance el jury, seguirá siendo fiscal.s