Un socio intratable

Todavía no se terminó de disipar el calor de la fricción que se produjo entre el Gobierno nacional y el campo, por el cepo a las expor­taciones de carne vacuna, y ya se instaló un nuevo tema de controversia, ahora por los dichos del flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, respecto de la necesidad de una in­tervención oficial en las exportaciones de granos. Evi­dentemente la idiosincrasia de uno y otro sector es in­compatible, no se puede esperar una relación pacífica, no hay vínculo posible, de tal modo que el camino que toque transitar será siempre accidentado, a los barqui­nazos, plagado de saltos. Es que la administración kirchnerista, que gobierna Cristina Kirchner y preside Alberto Fernández, tiene una visión estrábica de la produc­ción primaria, de su desarrollo y aprovechamiento. Los actores del campo, que es el principal sostén económico del país, han agotado su capacidad de tolerancia a un modelo que lo tiene como adver­sario. 

La prueba de esto, el entredicho de las últimas horas. La polémica se desató luego de que el ministro Julián Domínguez considerara “bienes culturales” al trigo, el maíz y la carne, y se pronunciara por adminis­trar con “inteligencia” los saldos exportables. El presi­dente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, consideró: “Es muy difícil que se pueda llevar adelante esto que dice el ministro sin generar intervenciones. Administrar es intervencionismo. Si arrancamos así, vamos mal”, a la vez que señaló: “Des­de el campo no compartimos para nada estos enuncia­dos que plantean”. 

Desde el campo reclamaron que el Gobierno “genere seguridad y confianza en los anuncios para que, justa­mente, el sector crezca y produzca”.

Esta controversia viene a alimentar una pelea de fon­do, que no es nueva y que tiene que ver con el zarpazo que sufren los productores por parte del Estado. Sucede que la participación del Estado en la renta agropecuaria creció 1,6 puntos porcentuales en el último trimestre, y ya se queda con el 63,4% de las ganancias. Según un informe de la fundación Fada, de cada 100 pesos de ingresos, menos costos del productor, $63,40 quedan para distintos niveles del Gobierno. 

La razón del alza, según explicó David Miazzo, eco­nomista jefe de la entidad, se debe a los “impuestos y más impuestos”.

La mayoría, el 68%, son nacionales no coparticipa­bles, es decir, recursos que se le están quitando a las ciudades del interior, principal­mente por los derechos de expor­tación”.

El índice Fada ofrece distintas mediciones: el promedio de cul­tivos ponderado a nivel nacional marcó un 63,4%, pero también muestra cómo se da en distintos granos. En el caso de la soja es del 67,5%, maíz, 55,5%; trigo, 59,6%; y girasol, 49,8%. En cuanto a los índices provinciales, Córdoba re­gistra un 63,1%, Buenos Aires un 61,4%, Santa Fe el 61,1%, La Pam­pa el 62,9%, Entre Ríos un 66,0% y San Luis el 62,1%.

La otra razón importante por la que subió el índice es que se incrementaron los costos de los insumos, expli­có Miazzo en declaraciones a la agencia NA. Los fertili­zantes, por ejemplo, han presentado aumentos anuales de hasta el 50%. Pero los que más subieron fueron los fitosanitarios, y algunos han mostrado alzas de precios anuales mayores al 50%, y hasta el 100%.

¿Por qué una suba de costos hace incrementar la par­ticipación del Estado? Porque los mayores costos hacen reducir la renta, pero los impuestos no se reducen en la misma proporción. Esto pasa porque los principa­les impuestos son los derechos de exportación, que se calculan sobre el precio de los productos y no sobre las ganancias que genera la producción