Censura sí, seguridad no

Un muchacho de 17 años llamado Lucas Iván Cancino fue asesinado camino a la escue­la en la localidad bonaerense de Quilmes (Buenos Aires), cuando dos delincuentes lo atacaron para robarle el celular y la bicicleta; no se sabe si el chico intentó resistirse, pero lo concreto es que re­cibió una puñalada -con un cuchillo de cocina- en el pecho. Murió en la puerta de su casa, a la que volvió para avisar que había sido asaltado y pedir auxilio. Su abuela, de 81 años, le abrió la puerta y lo vio expirar en el umbral del hogar; eran las 7.50 de la mañana. Tre­menda tragedia, que provocó una reacción social con­movedora: los vecinos se instalaron durante la tarde/noche en el lugar donde ocurrió el hecho, a una cuadra de la escuela, y batieron palmas en señal de re­pudio. El aplauso acompasado, en tono de queja, se mantuvo duran­te varias horas a la espera de que se hiciera presente la intendenta de ese municipio, Mayra Mendo­za, una joven representante de La Cámpora que es inconfundible porque tiene sus brazos adorna­dos con impresionantes tatuajes. 

El dolor por la muerte de Lucas se fundió en un duelo sin respues­ta. La única declaración oficial fue la del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que abonó una nueva polémica. Acusó a la Justicia de liberar a los presos. Insólito.

El episodio, brutal, que agrega más tribulaciones a la sociedad, se convierte en otra pesada carga para el gobierno de Cristina Kirchner, que preside Alberto Fernández, justo a un mes de las elecciones legislati­vas. Hace una semana, el Jefe de Estado se reunió con el cantante de los bajos fondos de Internet L-Gante, se sacó fotos y subió videos a sus cuentas sociales, pero ayer no tuvo ninguna palabra para la familia enlutada por un crimen salvaje. El profesor Fernández ha perdi­do la empatía, o quizás su teléfono. 

Como sea, el asesinato en Quilmes, con todas las connotaciones apuntadas (el chico iba a la escuela con una bicicleta que le prestó su mamá, que es docente) se produce apenas horas después de que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se hundiera en un escandalete por una altanería en las redes socia­les. Al hombre se le ocurrió salir al cruce de una crítica que había colgado en Twitter el dibujante Nik (figura del diario porteño La Nación) por el dispendio en el proselitismo oficial, y lo hizo con un mensaje que tenía encriptada una amenaza.

El ministro de los grandes bigotes y la lengua versátil le respondió a Nik dándole a entender que sabía a qué escuela concurrían sus hijas. Más aún al publicarlo, su­brepticiamente lo expuso públicamente. A todas luces, un detalle grosero, improcedente. Se parecía más a un mensaje de la mafia que una respuesta de un funcionario.

El acto descomedido, por utili­zar un término diplomático, mo­tivó un repudio generalizado del arco opositor y Aníbal Fernández tuvo que ensayar un pedido de dis­culpas. Su vocación de comisario político, intentando censurar co­mentarios críticos a la gestión del Frente de Todos, lo hundió en el pantano del autoritarismo. En rea­lidad, lo exhibió tal cual es. Sucede que el ministro en lugar de cuidar, persigue a los que se animan a expresar un pensamiento distinto. 

El humorista Nik dijo sentir “miedo” por sus hijas, tras la desprejuiciada referencia que dio Aníbal Fer­nández. Y tiene razón. Ayer, apenas se conoció el caso de Lucas, volvió a la carga: “Mataron a un chico de 17 años que iba a estudiar en Quilmes. La Argentina nece­sita urgente seguridad que nos cuide, no que persiga o pierda el tiempo en declaraciones insólitas. ¿Seguimos, como alguien dijo, con funcionarios que no funcio­nan?”, escribió Nik. 

Paradoja: Quilmes es el pago chico del actual mi­nistro de Seguridad, Aníbal Fernández. Allí fue inten­dente, concejal, asesor, presidente del club, ademas de otros cargos.